Madrid, 1 dic (.).- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera de 2023 para controlar que el conductor no realice, en general, labores de carga y descarga, y comprobar que los precios cubran los costes del servicio.
Para ello, se establecen obligaciones para que quede por escrito el precio del transporte y los gastos asociados, es decir, los costes individuales que asume el transportista y se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar este cumplimiento con sanciones de hasta 4.000 euros, según ha indicado el Ministerio en un comunicado.
En 2021 se modificó la Ley Orgánica del Transporte Terrestre (Lott) para aplicar un nuevo régimen sancionador a las empresas que paguen a más de 60 días en el sector del transporte por carretera, con multas de hasta 4.000 euros, que podrán elevarse a 30.000 euros en los casos más graves.
Este nuevo Plan de Inspección, que se aprueba tras las protestas de los transportistas y el paro de un día secundado a mediados de noviembre, busca controlar que los profesionales trabajen a un precio justo, al tiempo que se refuerza la lucha contra la morosidad en el sector.
Uno de los pilares de este plan es la lucha contra la competencia desleal que provocan las empresas deslocalizadas, las llamadas empresas buzón, en colaboración con la Inspección de Trabajo, así como la detección de las cooperativas de trabajo fraudulentas gracias al refuerzo de la inspección de las Administraciones Públicas.
El Ministerio espera avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación, tal y como se acordó con los representantes del sector.
El Plan de Inspección, presentado este jueves a la comisión de directores generales de transporte de las comunidades autónomas y del Estado, incluye nuevas herramientas informáticas para facilitar la actividad inspectora con nuevos procedimientos telemáticos.
En 2022 se ha puesto en marcha el servicio de buzón de denuncias anónimas para informar de posibles infracciones o incumplimientos a fin de que la inspección sea más ágil.
Además, se seguirá controlando la conducción y descanso de al menos el 3 % de las jornadas de los conductores profesionales, cifra que asciende este año a 1.602.696.
En la inspección del transporte de viajeros por carretera, el objetivo sigue siendo controlar el cumplimiento de las condiciones esenciales de las concesiones en los servicios regulares de viajeros, el transporte escolar y de menores y el transporte realizado en vehículos de alquiler con conductor.
El Ministerio elabora este plan en colaboración con las comunidades autónomas y los órganos competentes, con la participación del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Para ello, se ha trabajado de forma conjunta con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o las policías autonómicas.
Para que el sector pueda hacer sus observaciones al mismo, el Ministerio asegura que se les ha expuesto las directrices fundamentales del plan en distintas reuniones.