París, 16 oct (.).- El Gobierno francés lanzó este lunes una conferencia social con el objetivo de luchar contra el fenómeno de los trabajadores pobres y elevar los salarios más bajos en un momento en que el poder adquisitivo es la primera preocupación de los franceses ante el espectro de la inflación.
La primera ministra, Élisabeth Borne, explicó en el discurso de apertura que se trata de que trabajar dé lugar a mejores retribuciones y de relanzar la promoción social.
Borne insistió en que los avances dependen esencialmente de la "negociación" entre los interlocutores sociales, que son los que deben revisar los mínimos en los convenios colectivos o las clasificaciones profesionales, aunque aseguró que el Estado "asumirá la parte que le toca".
Marylise Léon, secretaria general de la Confederación Democrática de Trabajadores (CFDT, primer sindicato del país), recordó que el poder adquisitivo "es la preocupación número uno de los franceses" por la inflación.
Sophie Binet, responsable de la segunda central francesa, la Confederación General del Trabajo (CGT), hizo notar que los salarios han bajado mientras "los precios de los productos de primera necesidad se disparan", y que "la pobreza está en progresión continua desde 2017, con 9 millones de pobres actualmente en Francia".
Para Binet hay que incrementar los salarios, gravar con impuestos los beneficios de las empresas y rebajar los precios de los productos de primera necesidad.
Uno de los problemas que se quieren abordar de forma prioritaria es que en muchos convenios colectivos los salarios más bajos están por debajo del salario mínimo interprofesional (SMIC) porque las reglas de revalorización de unos y otros no son las mismas.
El SMIC está indexado a la inflación y la CGT querría que eso mismo se aplique en los convenios colectivos.
Otra cuestión central de la conferencia social es el equilibrio entre salarios y exenciones de cotizaciones o ayudas públicas para los trabajadores con bajas remuneraciones.
Los sindicatos exigen también al Gobierno que condicione las ayudas públicas a las empresas, y en particular las exenciones de cotizaciones patronales, al cumplimiento de una serie de criterios salariales y medioambientales.