Roma, 8 ene (.).- El Gobierno italiano reveló hoy el desacuerdo con el mayor grupo siderúrgico ArcelorMittal (BME:MTS) sobre los planes para garantizar la operatividad de una importante acería del sur país, controlada por ambas partes, por lo que avanzó acciones legales.
El Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni mantuvo hoy un encuentro con los directivos de ArcelorMittal sobre la antigua acerería ILVA de Taranto (sur), sumida desde hace años en una crisis y controlada desde 2021 por ese consorcio público-privado.
En concreto, ArcolorMittal cuenta con el 68 % de esa siderúrgica, llamada ahora "Acciaierie d'Italia", mientras que el Estado italiano posee el restante 32 % a través de Invitalia, la Agencia Nacional para las Inversiones Internas y Desarrollo Económico.
No obstante, estos altos hornos, la mayor planta de Europa, atraviesa una continua crisis desde hace años y la reunión entre las partes de este lunes no ha arrojado soluciones.
En el encuentro, según un comunicado gubernamental, se propuso a ArcelorMittal la firma de una ampliación de capital por 320 millones de euros (350 millones de dólares) que permitiera al socio público, Invitalia, aumentar su participación hasta el 66 %.
"El Gobierno ha tomado nota de la negativa de ArcelorMittal a asumir compromisos financieros y de inversión, incluso como socio minoritario", se lee en la nota.
Por eso, el Ejecutivo ha encargado a Invitalia a "tomar las decisiones oportunas a través de su propio equipo legal" y ha convocado a los sindicatos este jueves.
Desde hace años la antigua ILVA sufre una grave crisis financiera, entre críticas de contaminación, y a esto en los últimos meses se ha sumado serias deficiencias de liquidez que impedían saldar sus deudas y garantizar su mantenimiento y su producción.
Actualmente, la planta está controlada por ArcelorMittal por ser el socio mayoritario de la alianza con el Estado italiano, después de comprarla en 2018 con la promesa de sanearla e impulsarla.
El Gobierno de Meloni, y los anteriores, han preferido mantener la acerería abierta por considerarla estratégica pero también por el enorme coste social que supondría su cierre, pues en ella trabajan alrededor de 10.500 personas en un territorio poco industrializado.