Madrid, 20 dic (.).- Uno de los principales problemas del sistema de I+D+i es que muchos avances científicos que se consiguen en los centros de investigación y universidades no llegan a las empresas ni redundan en la sociedad o la economía, y solucionarlo es una prioridad del Gobierno para 2023.
Para eso, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha diseñado el 'Plan de transferencia y colaboración: la ciencia y la innovación al servicio de la sociedad', que pretende fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado en I+D+i para mejorar el impacto socioeconómico de la ciencia e impulsar la capacidad innovadora de las empresas españolas.
Aprobado hoy por el Consejo de Ministros y presentado por la ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, el plan, que "viene para quedarse" -ha subrayado- está presupuestado con 1.200 millones de euros ya contemplados en los Presupuestos de 2023.
En rueda de prensa, Morant ha detallado que el plan contiene 15 medidas agrupadas en tres áreas de actuación: la transferencia de conocimiento de la investigación a las empresas y la sociedad; la cooperación entre las empresas, el mundo académico y los centros de investigación; y la capacitación y desarrollo del ecosistema.
En el primer bloque, las medidas irán dirigidas a simplificar los trámites administrativos y la burocracia, y ayudar a las empresas emergentes con subvenciones y ayudas fiscales, principalmente.
También habrá medidas para reforzar la propiedad industrial e intelectual, impulsar la labor de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y apostar por la Ciencia abierta, con iniciativas como el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027 o el avance en el asesoramiento científico a todas las administraciones (siguiendo el modelo de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados).
El segundo bloque apuesta por la colaboración público-privada con medidas para reforzar la inversión pública en proyectos colaborativos con empresas, aumentar la colaboración con las universidades y centros de investigación con las pymes, y establecer nuevas alianzas estratégicas a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).
Asimismo contempla la compra pública de innovación y apuesta por una mayor fluctuación laboral entre el sector público y privado, favoreciendo la movilidad del personal de investigación entre el sector público y privado y valorando esa movilidad a la hora de evaluar los méritos para la contratación y promoción del personal investigador.
Además se pondrá en marcha un nuevo modelo de ayudas para la contratación de personal de investigador en las empresas e impulsar los programas de doctorado industrial e impulsar proyectos de ciencia ciudadana.
El tercer bloque -dirigido a mejorar la capacitación del personal investigador, técnico y de gestión- incluye medidas de formación y profesionalización, de mejora la carrera profesional del personal técnico y de gestión de I+D+I, e incentivos a la transferencia y la colaboración (sexenios, y nuevos sistemas de financiación basados en objetivos, entre otros).
Este bloque también prevé potenciar la transferencia de conocimiento y la colaboración con el lanzamiento de una plataforma digital para ofrecer información centralizada y herramientas para la búsqueda de soluciones tecnológicas, y la creación de un equipo de asesoramiento en cuestiones legales, búsqueda de socios y financiación para spinoffs.
El plan se desarrollará en dos fases, una hasta final de 2023, en la que se pondrán en marcha las medidas esenciales y se establecerán los criterios de seguimiento, y la segunda, hasta 2025, en la que se ejecutarán las iniciativas previstas, y se evaluarán los resultados obtenidos para introducir reformas.
(foto)