Madrid, 3 feb (.).- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sacado a licitación, por 3 millones de euros, el servicio de búsqueda, localización e inspección del pecio del buque pesquero Villa de Pitanxo, que se hundió hace casi un año frente a la costa de Terranova (Canadá) causando la muerte a 21 tripulantes.
Esta licitación sirve de apoyo a la investigación del accidente que está llevando a cabo la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, según señala el Ministerio.
Dos peritos judiciales -funcionarios del ministerio- y que deben elaborar un informe en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el hundimiento del buque gallego el 15 de febrero de 2022 han insistido en la importancia de acceder al pecio para determinar las causas del naufragio, una de las principales reclamaciones de los familiares de las víctimas.
En un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el hundimiento, sostienen que el medio adecuado para ello sería el envío a la zona del hundimiento de un buque dotado con un equipo sonar multihaz para la localización del pecio y un equipo de vehículos operados de forma remota por señales de radio o mediante un cable desde el buque nodriza.
La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), órgano independiente adscrito al Ministerio, considera que es "probable" encontrar el pecio cerca del lugar del accidente y para ello inició en noviembre los trámites necesarios para su búsqueda en aguas del Atlántico Norte.
El Villa de Pitanxo naufragó a 250 millas del puerto de Saint John's, en la isla de Terranova, provocando la muerte a 21 marineros. Solo tres sobrevivieron: el patrón del buque, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional, su sobrino y un marinero de origen ghanés.
Algunos marineros del pesquero "Playa de Menduiña 2", que rescató a los tres únicos supervivientes, han ratificado ante el juez que el patrón del barco, ahora imputado, cambió varias veces su versión sobre lo sucedido.
La investigación judicial que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional nació tras un informe de la Guardia Civil, si bien el magistrado también admitió a trámite una querella interpuesta por varios familiares de las víctimas contra el patrón del buque, Juan Padín y la empresa armadora, Pesquerías Nores Marín.