París, 13 feb (.).- El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, trata de desplazar la presión de la calle contra su reforma de las pensiones, que se ha traducido en cuatro jornadas de manifestaciones masivas, al Parlamento con el objetivo de descalificar la estrategia de bloqueo de la izquierda radical.
"Ahora es en el Parlamento donde se juega el debate, donde se juega la suerte del texto y la reforma de las pensiones", subrayó este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en una entrevista a la emisora RTL (H:RRTL) cuando se le preguntó por la amenaza de los sindicatos de paralizar el país el próximo 7 de marzo.
Le Maire dijo que "no es aceptable" la advertencia de los sindicatos, que tras la última jornada de manifestaciones el pasado sábado -en la que participaron 963.000 personas, según los datos de la propia policía (hasta 2,5 millones, según las centrales)-, indicaron que van a endurecer su estrategia.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT, segundo sindicato del país), Philippe Martínez, señaló hoy que el objetivo para el 7 de marzo es que "trabaje el menor número de personas" y conseguir el apoyo de comerciantes que cierren sus tiendas para paralizar el país.
En una entrevista al canal BFMTV, Martínez afirmó que entre la próxima jornada de paros y manifestaciones este jueves 16 y el 7 de marzo "habrá otras iniciativas" e hizo un llamamiento para "mantener la presión sobre el Gobierno y los diputados".
Una alusión al debate en la Asamblea Nacional del proyecto de ley de reforma de las pensiones, que empezó en el plenario de la cámara baja el pasado día 6 y debe concluir el próximo viernes, para después pasar el relevo al Senado.
El debate viene marcado por las miles de enmiendas presentadas por la izquierda, y en particular por La Francia Insumisa (LFI), que había optado por una estrategia de bloqueo del debate que está recibiendo críticas de los propios sindicatos, que querrían que los diputados discutan y voten, en particular el artículo 7 del proyecto de ley, que es el fundamental.
Ese artículo es el que establece que la edad mínima de jubilación pasaría, si sale adelante el proyecto, de los 62 años actualmente a 64.
El ministro de Economía y Finanzas aprovechó esas diferencias sobre la forma de llevar a cabo el debate parlamentario entre los sindicatos y LFI para descalificar el partido de Jean-Luc Mélenchon.
"LFI es un obstáculo al debate democrático al que nuestro país tiene derecho", se quejó Le Maire, que consideró que con los miles de enmiendas presentadas, el debate "está prisionero del caos que LFI ha impuesto en el Parlamento".
Otro argumento utilizado por el ministro para defender el fondo de la reforma es que al retrasar la edad mínima de jubilación a los 64 años, Francia se situaría "en la media europea".
Hizo hincapié en que las propuestas alternativas de la oposición para garantizar la viabilidad financiera del régimen de pensiones consisten en aumentar las cotizaciones sociales, lo cual significaría "menos poder adquisitivo", o incrementar las cotizaciones patronales, lo que se traduciría en "más paro".