Madrid, 14 dic (.).- El Gobierno ha anunciado que retoma el proyecto para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que ya había sido aprobado en el Congreso en la pasada legislatura, pero decayó con la convocatoria anticipada de las elecciones generales del pasado 23 de julio.
En una nota, el Ministerio de Economía anuncia que reactiva este proyecto, "prioritario" para el Gobierno, que pretende que se tramite de forma urgente. Ahora se somete a audiencia pública.
La nueva institución centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Cuando esté operativa, los usuarios financieros podrán presentar sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo que atenderá las reclamaciones en un plazo máximo de 90 días, y de forma gratuita.
El texto incluye el conjunto de entidades que podrán ser objeto de reclamación, entre los que figuran las entidades supervisadas, los servicios "fintech" (entidades financieras de base tecnológica) y de criptoactivos, así como los servicios de préstamos al consumo.
Las resoluciones serán de obligado cumplimiento para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros.
La Autoridad se financiará mediante una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones a cada entidad y de las resueltas a favor del cliente.
Asimismo, se refuerza el derecho de acceso a la cuenta de pago básica, dirigida especialmente a colectivos vulnerables, simplificando los procedimientos y la documentación a presentar, y se facilita el cierre telemático de cuentas bancarias para sea tan sencillo cerrarlas como abrirlas.
El texto incorpora modificaciones que se habían incorporado en la tramitación parlamentaria anterior, como la posibilidad de recurrir las resoluciones vinculantes que dicte la Autoridad ante la jurisdicción civil, garantizando de este modo la protección de los clientes financieros.
La Autoridad estará adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, contará con autonomía e independencia funcional y tendrá un presidente y un vicepresidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable.