El largo y tortuoso camino de un TLC que pone a prueba a los colombianos

José Guillermo Herrera

Bogotá, 10 may (EFE).- Los intereses electorales y partidistas de Estados Unidos y los críticas a la situación de los derechos humanos y laborales en una Colombia en pleno conflicto armado retrasaron seis años la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países.

El tratado lo acordaron los hoy expresidentes George W. Bush y Álvaro Uribe en 2006 y entrará en vigor el próximo 15 de mayo, pero estuvo prácticamente muerto durante tres años: desde los meses finales del Gobierno de Bush hasta los primeros del colombiano Juan Manuel Santos, quien asumió en 2010.

El republicano Bush (2001-2009) no consiguió que el Congreso de su país lo aprobara antes de entregar el poder al demócrata Barack Obama, algo que el ultraconservador Uribe (2002-2010), con sus mayorías legislativas, había logrado en julio de 2007.

Finalmente, los méritos no fueron ni para Uribe ni para Bush, sino para Santos y Obama, quienes en la reciente Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias el pasado abril pusieron fecha para la entrada en vigor.

Allí, Obama reconoció que Colombia tenía ahora "una seguridad no vista en décadas, crecimiento económico e instituciones democráticas fuertes".

"Seguiremos trabajando juntos", le garantizó Santos, político de origen liberal que también había heredado de Uribe el desencanto por la mala suerte en la gestión legislativa del TLC en Estados Unidos.

La apuesta final la hizo Santos, cuando seis meses después de llegar a la Presidencia amenazó con renunciar al tratado si Washington se resistía a aprobarlo a lo largo de 2011.

Bush y Uribe lo habían acordado, tras dos años de negociaciones, en 2006, cuando comenzó un camino tortuoso en el Congreso de Estados Unidos que llegó a su culmen en abril de 2008, momento en que la mayoría demócrata decidió dejarlo en suspenso bajo el argumento de que Colombia debía mejorar en el respeto a derechos humanos y laborales.

La situación de los derechos humanos en Colombia generó un "ambiente desfavorable", afirmó a Efe la codirectora del Centro de Estudios Estadounidenses en la Universidad Nacional de Colombia, Diana Rojas.

Los "altos índices" de violación de derechos humanos se unieron a los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares) y al abuso de poder con el espionaje ilegal llevado a cabo desde la central de inteligencia, apuntó Rojas.

"También confluyó la política doméstica de Estados Unidos, donde la discusión del TLC con Colombia sirvió de escenario a la disputa y la fuerte confrontación entre demócratas y republicanos", agregó.

Con la llegada de Obama a la Casa Blanca, y pese a su defensa del TLC, éste se topó con un "rebrote de posiciones proteccionistas" de su propio partido, "en un momento de recesión de la economía norteamericana y luego de lenta recuperación", explicó a Efe el director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepet) de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Saúl Pineda.

Fue la visita de Santos a Washington, en abril de 2011, la que le dio un empujón fundamental, con un "plan de acción" en el que el colombiano asumió compromisos en derechos humanos y laborales.

En consecuencia, Obama lo envió en octubre de ese año al Congreso, que lo aprobó el día 12 del mismo mes.

"Es el más importante tratado firmado en nuestra historia y no vamos a ser inferiores, porque hay bastantes desafíos", expresó Santos al celebrar el fin del largo proceso que culminó con la firma por Obama el 21 de octubre de 2011.

Ahora Colombia debe alcanzar estándares en derechos humanos, sobre lo que recae una fuerte presión desde Washington, según la internacionalista Rojas, que no excluye sanciones si se incumplen los compromisos.

Es una preocupación latente. Hace pocas semanas, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de Estados Unidos (SEIU) pidió a Obama que frenara este TLC hasta que se respeten los derechos de los trabajadores colombianos.

En Colombia han sido asesinados desde 1986 casi 3.000 sindicalistas, con un promedio de un homicidio por semana, y más del 90 por ciento de los casos está en la impunidad. EFE

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