Bruselas, 10 nov (.).- El Parlamento Europeo (PE) dio este jueves luz verde definitiva a las nuevas normas que obligarán a todas las grandes empresas y cotizadas de la Unión Europea, en total unas 50.000 compañías, a informar sobre la sostenibilidad medioambiental y social de sus actividades.
Los eurodiputados aprobaron con 525 votos a favor, 60 en contra y 28 abstenciones el acuerdo alcanzado el pasado verano con los Estados miembros sobre la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa, que buscan "hacer que las empresas rindan más cuentas" sobre su impacto en este sentido y acabar con el "blanqueo ecológico".
Estas normas actualizarán la directiva sobre información no financiera, que exige a las entidades de interés público -empresas cotizadas, bancos y aseguradoras- informar anualmente sobre cómo afectan los temas de sosteniblidad a su negocio que, de acuerdo con el Parlamento, "eran ampliamente insuficientes y poco fiables".
La nueva directiva introduce requisitos más detallados a la hora de que las empresas informen de su impacto sobre el medio ambiente, los derechos humanos o los estándares sociales, para lo que la Comisión Europea elaborará una serie de estándares que deberán seguir, el primero de los cuales se espera en junio de 2023.
Además amplía las empresas que estarán sujetas a esta obligación, ya que se aplicará a todas las grandes empresas, ya sean cotizadas o no, y a aquellas empresas de fuera de la UE que tengan una facturación anual superior a 150 millones de euros en territorio comunitario.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que coticen en bolsa también estarán cubiertas por las normas, con lo que estas pasarán de afectar a unas 11.700 empresas a casi 50.000 compañías.
El acuerdo alcanzado por los legisladores europeos amplía, no obstante, el tiempo que tendrán las empresas para implementar estas reglas con respecto a lo que sugirió la Comisión cuando presentó su propuesta en abril de 2021.
Estas empezarán a aplicarse en enero de 2024 para las empresas grandes de interés público (con más de 500 empleados) que ya estaban sujetas a las normas anteriores, mientras que se da hasta 2025 para las empresas que hasta ahora estaban exentas si tienen más de 250 empleados o 40 millones anuales de facturación o 20 millones en activos totales.
Las pymes y otras compañías solo tendrán que implementarlas a partir de enero de 2026 y podrán pedir una ampliación del plazo hasta 2028.
La Alianza para la Transparencia Corporativa, una organización especializada en la sostenibilidad corporativa, criticó esta extensión de los plazos por considerar que "minará la igualdad de condiciones y pondrá a algunas empresas y países en desventaja para acceder a los flujos de financiación sostenible" que será necesario movilizar para cumplir los objetivos climáticos de 2030.
No obstante, el grupo saludó la aprobación de una norma que "atajará importantes problemas en la calidad, coherencia y comparativa de la información sobre sostenibilidad proporcionada por las empresas" e instó a los Estados miembros a "hacer los cambios necesarios" antes de 2024 para que las grandes empresas empiecen a recopilar información ese mismo año.
El último paso para que las reglas entren en vigor es que también los Estados miembros aprueben definitivamente el acuerdo, lo que está previsto este mes.