Madrid, 21 nov (.).- El Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera para 2023 priorizará el control de la morosidad, el precio de los servicios de transporte y el que perciben los transportistas y la prohibición de carga y descarga, en línea con los acuerdos firmados con el sector tras los paros de marzo pasado.
Según ha informado la patronal del transporte por carretera Fenadismer tras una reunión en la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los responsables de inspección de algunas comunidades autónomas, el Plan incidirá también en vigilar a las empresas llamadas "buzón", deslocalizadas en otros países, pero que operan en España.
El Plan se aprobará de forma definitiva una vez que el Ministerio reciba las aportaciones realizadas por las asociaciones de transportistas miembros del Comité Nacional de Transporte por Carretera -el órgano de representación del sector, en el que no está la Plataforma que convocó los paros de marzo pasado- así como las que planteen las comunidades autónomas y las fuerzas de vigilancia en carretera.
Tras la introducción de nuevos tipos infractores en 2021, la lucha contra la morosidad es una de las prioridades de la Inspección porque afecta a la liquidez, la rentabilidad y la competitividad de las empresas, dice Fenadismer.
Asimismo, se vigilará que el precio del transporte cubra la totalidad de los costes efectivos y la participación de los transportistas en el proceso de carga y descarga, tal como recoge el decreto firmado tras las movilizaciones de la pasada primavera.
El Plan recoge también el control de la deslocalización de grandes empresas hacia países de la Unión Europea (UE) con menores costes de explotación, lo que "claramente genera una situación de competencia desleal".
Los controles se harán en aquellos puntos con mayor volumen de actividad de transportes, como los puertos, polígonos industriales, grandes cargadoras, centros logísticos y estaciones de autobuses, entre otros.
La programación inspectora tiene en cuenta las denuncias provenientes de asociaciones, instituciones y de los particulares realizadas por distintos medios telemáticos implantados en las administraciones de transporte.
Este año se ha habilitado un buzón anónimo de colaboración con la Inspección, accesible a través de la web del Ministerio de Transportes, que ha recibido sobre todo denuncias de incumplimiento de los plazos máximos de pago, de la prohibición de carga y descarga y del pago de los precios del transporte sin cubrir los costes.
El Plan de Inspección incorpora también el control anual de los tiempos de conducción y descanso sobre la flota a los 474.873 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo en España.
Seguirá el control sobre las empresas que ofertan servicios de transporte online, en especial las plataformas de paquetería que intermedian habitualmente sin estar autorizadas.