Madrid, 21 nov (.).- El PP ha rechazado este jueves que se cree la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, al presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley por el coste que tendría y el temor a que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe "colonizando" la institución.
Durante el debate del proyecto de ley, la diputada del PP Irene Garrido ha insistido en que el Gobierno ha demostrado ser "incapaz" de mantener la independencia de las instituciones y cree que pasaría lo mismo con la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Por esa razón, unido al "coste inicial de 25 millones" al año en gastos de personal, Garrido ha defendido una enmienda a la totalidad que no tiene demasiados visos de salir adelante y que, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sorprende a "todos".
El titular de Economía ha recordado que antes de la última convocatoria de elecciones, el Congreso de los Diputados ya había aprobado la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, entonces sin el rechazo del PP, que se abstuvo en la votación.
Ahora, sin embargo, a pesar de que el mismo texto ha servido de base y se han introducido modificaciones, incluidas del PP, el grupo parlamentario popular presenta una enmienda a la totalidad para evitar que se cree una autoridad que permite a los clientes financieros reclamar directamente, sin acudir a los tribunales.
Este tipo de mecanismos de reclamación extrajudicial responden a la fuerte demanda de la ciudadanía, ha explicado Cuerpo, antes de añadir, a modo de ejemplo, que los juzgados tienen pendientes de tramitar más de 140.000 reclamaciones solo por cláusulas suelo.
"Este panorama no permite proteger al cliente financiero" y por esa razón el Gobierno aboga por crear esta autoridad que resolverá reclamaciones de forma gratuita y en un plazo inferior a 90 días.
Además, Cuerpo ha destacado que se podrá reclamar incluso ante entidades financieras que hoy quedan fuera, como las que ofrecen microcréditos o proveen criptoactivos.
La autoridad, según sus palabras, es "un paso de gigante en la protección de los clientes", pues va más allá de normas de conducta financiera e incluye el incumplimiento de los protocolos de inclusión financiera de los mayores o de los residentes en zonas rurales.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero permitirá, por ejemplo, que un cliente reclame por el cobro de una comisión de un servicio no solicitado, por la devolución de un recibo, por la imposición de una tasadora por parte de la entidad y, como novedad, por el acceso a una cuenta básica que se les deniega. Tasa de financiación variable
Para garantizar que el acceso a este sistema de reclamaciones sea "efectivo y universal", Cuerpo ha insistido en la gratuidad y ha defendido la financiación de la autoridad con el pago de una tasa por parte de las propias entidades que será variable.
En función del número de reclamaciones que recibe una entidad o las veces en las que se da la razón al cliente, la tasa a pagar será mayor, frente a una idea inicial que pasaba por el pago de 250 euros por cada queja.
Por otro lado, el texto para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero mejora la garantía del acceso a una cuenta de pago básica, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, y plantea que el Banco de España promueva una solicitud común.
También recoge la posibilidad de que se puedan cancelar cuentas de manera telemática si se abrieron por esa vía y se desea dejar de ser cliente de una entidad financiera.