Madrid, 13 ene (.).- El PSOE está negociando con ERC y Bildu que la regulación de los alquileres prevista en el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda para las zonas que se declaren tensionadas pueda afectar a los nuevos contratos de arrendamiento, no solo a los vigentes, han señalado a EFE fuentes parlamentarias.
Con ello pretenden evitar que los propietarios puedan sacar del mercado del alquiler sus viviendas para luego volver a ponerlas en arrendamiento sin que les afecte el control de rentas.
Los socialistas también se han abierto, en la negociación que han retomado con sus socios en el Congreso tras las vacaciones navideñas, a cambiar los requisitos previstos en el proyecto de ley para que las comunidades autónomas puedan hacer esa declaración.
"Ese tema está abierto a negociación", reconocen desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), después de que Cinco Días publicara esta semana que el Ejecutivo y sus socios se plantean desligar el IPC de los topes al precio del alquiler o rebajar de cinco a dos puntos el porcentaje de crecimiento acumulado necesario para poder declarar una zona como tensionada.
El proyecto de ley pactado por el Gobierno de coalición establece que las comunidades autónomas podrán declarar zonas tensionadas aquellas en las que la carga media del coste del alquiler supere el 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares y que el precio haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado al menos cinco puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de esa comunidad.
Los sindicatos de inquilinos han advertido este viernes de que rebajar de cinco a dos puntos ese porcentaje de crecimiento haría que la regulación fuera "fantasma" en 44 de las 51 capitales de provincia españolas y han insistido en la alternativa de que solo haga falta uno de los dos requisitos que recoge el texto actual para hacer la declaración.
Fuentes parlamentarias han confirmado que otro de los puntos que se está negociando es el de rebajar el número de viviendas que tiene que tener un propietario para que se le aplique el control de rentas (el proyecto de ley establece que afectará a los propietarios de diez o más).
Asimismo aseguran que los socialistas han aceptado reducir el periodo de carencia de dieciocho meses previsto en el proyecto de ley para la aplicación obligatoria del índice de precios.
En la mesa de negociación continúa además la política antidesahucios, con propuestas como que la ley fije un plazo máximo para que los servicios sociales ofrezcan una alternativa habitacional a las familias vulnerables objeto de lanzamiento, según las fuentes.
En Unidas Podemos se declaran "esperanzados" con el nuevo empujón que el Ministerio de Transportes ha dado a las negociaciones de una de las leyes más polémicas de la legislatura y con que ERC y Bildu puedan arrancar a los socialistas concesiones a las que ellos no pudieron llegar en el Consejo de Ministros.
"Hemos notado un cambio de actitud. Hasta hace mes y medio no querían moverse y ahora hay una o dos reuniones por semana", explican.
Desde el grupo que dirige Enrique Echenique reprochan al PSOE que haya sido "casi bolivariano en los reales decretos" contra el impacto de la crisis, con medidas como el tope del 2 % a la subida de los alquileres y la suspensión de los desahucios, y que "no sea ni un poquito socialdemócrata" en las medidas correspondientes de la ley de vivienda.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales confirman que "últimamente ha habido reuniones casi semanales" con el Mitma, ERC y Bildu y admiten que ven "más cerca el acuerdo para aprobar la ley", aunque destacan que todavía "falta por avanzar en el control de precios y obligaciones para los grandes propietarios".