París, 16 feb (.).- Los sindicatos franceses sacaron hoy de nuevo a las calles a decenas de miles de personas para rechazar el plan de reforma del sistema de pensiones del Gobierno, que, pese al descontento social y a las amenazas sindicales de paralizar el país en marzo, prosigue su avance parlamentario.
Sin sorpresas, las manifestaciones y huelgas de este jueves -es la quinta jornada de movilizaciones en menos de un mes y coincide además con un período de vacaciones escolares en parte del país- han sido menos masivas que las precedentes, aunque los sindicatos las ha considerado igualmente un éxito.
"El descontento, la combatividad y la determinación están intactos", ha advirtido este jueves el líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, en declaraciones a los medios desde Albí.
Esa ciudad del sur de Francia -de menos de 100.000 habitantes, pero simbólica por haber sido hogar del icónico político socialista Jean Jaurès- fue la elegida para ser el gran epicentro de esta nueva jornada de protestas, con los principales dirigentes sindicales presentes allí, en lugar de en París, para demostrar así la transversalidad de su pulso al Gobierno.
"Claramente, el Gobierno debe escuchar lo que está pasando y, apostar por una posible pérdida de impulso del movimiento, es una locura", ha advertido Berger.
"La movilización continúa y la determinación es más grande que nunca", ha recalcado también en Albí, Philippe Martínez, de la combativa Confederación General del Trabajo (CGT).
Durante la mañana, las movilizaciones fueron menos numerosas que en las protestas precedentes, pero todavía significativas en ciudades como Rennes, Marsella o Montpellier.
En París, donde las protestas comenzaron pasado el mediodía, los sindicatos calcularon 300.000 manifestantes, que la Policía ha rebajado a 37.000.
A nivel nacional, la CGT cifró el total de manifestantes del día en 1,3 millones. A falta de cifras oficiales, los datos de las organizaciones de trabajadores reflejan menos éxito que en las convocatorias precedentes, ya que solo hace unos días, el pasado sábado, fueron 2,5 millones (siempre según los sindicatos).
Además de las manifestaciones también estaban convocadas huelgas interprofesionales, que también vieron menores tasas de adhesión.
En la enseñanza, un 7 % de los profesionales secundaron el paro, casi la mitad que el pasado 7 de febrero. En cuanto al transporte, que es siempre uno de los sectores más afectados, la peor parte se la llevaron los aeropuertos (un 30 % de los vuelos del parisino Orly fueron cancelados y una quinta parte en grandes ciudades como Lyon o Marsella).
EL TRÁMITE PARLAMENTARIO CONTINÚA, PESE AL DESCONTENTO
Los sindicatos rechazan frontalmente los dos principales puntos de la reforma: el aumento de 62 a 64 años de la edad mínima de jubilación y que el incremento del período de cotización de 42 a 43 años para tener una pensión completa se adelante a 2027 (está previsto que entre en vigor en 2035).
El Gobierno, por su lado, asegura que la reforma es necesaria para garantizar la viabilidad económica del sistema de pensiones, que según las cifras del Ejecutivo tendrá un déficit anual 12.500 millones de euros en 2030 sin los cambios propuestos.
El proyecto se encuentra hasta mañana en la Asamblea Nacional, donde ha protagonizado dos semanas de arduos debates, con alguna concesión de parte de la bancada macronista para tratar de asegurarse el apoyo de los conservadores de Los Republicanos (LR).
Los votos de LR son necesarios para la aprobación del proyecto, ya que el oficialismo carece de mayoría absoluta, y la izquierda y la extrema derecha se oponen también al proyecto.
De hecho, la líder ultraderechista, Marine Le Pen, anunció ayer miércoles la presentación de una moción de censura contra el Gobierno por la forma en que se está tramitando el trabajo parlamentario sobre la reforma de las pensiones, demasiado lento como para votar artículos decisivos antes del límite constitucional de este viernes para concluir los debates en la cámara baja.
Después, el proyecto debe pasar al Senado, donde las discusiones durarían unos dos meses.
Ante ese panorama, los sindicatos prometen seguir peleando en la calle. En concreto, barajan una gran movilización para el 7 de marzo, con huelgas que paralicen el país y hagan sentir al Ejecutivo y a sus potenciales aliados la presión de la calle contra la polémica reforma.
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