7 jul (Reuters) - El regulador español de la competencia ha impuesto multas por un total de 203,6 millones de euros (207,79 millones de dólares) a seis constructoras propiedad de las empresas Acciona (BME:ANA), ACS (BME:ACS), FCC (BME:FCC), Ferrovial (BME:FER), OHLA y Sacyr (BME:SCYR), por haber alterado en conjunto el proceso de licitación pública durante más de 25 años.
Según dijo la CNMC el jueves en una nota informativa, las empresas se reunieron de forma semanal desde 1992 para intercambiar estrategias y decidir los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos ante diferentes plataformas del Estado, tras lo que encargaban conjuntamente los trabajos técnicos a empresas externas.
La CNMC destacó los efectos "especialmente dañinos para la sociedad" de estas infracciones, "ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.".
Las empresas, que compartían información comercial sensible, no podían modificar los trabajos generados en conjunto de cara a su presentación pública sin la aprobación de las otras, según la CNMC, admitiéndose tan sólo la inclusión de logos y denominaciones particulares en el documento conjunto "para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas".
El regulador destacó el gran número de obras en las que hubo trabajos compartidos entre las empresas, el elevado importe de las obras afectadas y el largo tiempo que se mantuvieron las prácticas sancionadas.
Las empresas sancionadas son las siguientes: Acciona Construcción (29,4 millones de euros); Dragados, sociedad del grupo ACS (57,1 millones); FCC Construcción (40,4 millones); Ferrovial Construcción (38,5 millones); OHLA (21,5 millones); y Sacyr Construcción (16,7 millones). Las acciones contra una séptima empresa, Lantania, fueron archivadas.
La CNMC dijo que las empresas disolvieron el grupo en el año 2017 y han manifestado expresamente que los acuerdos adoptados podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.
(1 dólar = 0,9798 euros)
(Información de Darío Fernández; editado por Tomás Cobos)