San Salvador, 27 dic (.).- La deuda estatal con los fondos privados de pensiones en El Salvador, que alimentan los trabajadores, se elevó en más de 1.000 millones de dólares (900 millones de euros) entre abril y noviembre de 2023, de acuerdo con datos oficiales consultados el miércoles por EFE.
Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), títulos valores emitidos por el que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), de reciente creación, llegaron a 1.009,74 millones de dólares.
Los COP son un instrumento mediante el cual el Estado presta recursos a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), en las que los salvadoreños con empleo formal están obligados a aportar mensualmente, para pagar a los jubilados del sistema público abandonado en la década de los años noventa.
Esta cifra se suma a la deuda de 8.396,81 en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que sustituyeron a otros instrumentos para extender su plazo y, según informó la agencia de calificación Standard & Poor's en mayo, por los que no se pagará intereses ni capital durante 4 años.
Entre ambos instrumentos, la deuda estatal con los fondos de pensiones llegó a 9.406,55 hasta noviembre, mientras que en abril era 8.852,75 millones, indican los datos del BCR.
A mediados de diciembre, el experto Patricio Pineda, de la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, advirtió que El Salvador está entrando en una situación de peligro de la sostenibilidad del sistema de pensiones, reformado por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, en 2022.
"Estamos entrando ya en un lapso en que está peligrando realmente la sostenibilidad del sistema", dijo Pineda a periodistas e indicó que se debe al ritmo de emisión de los COP.
Pineda señaló que en cuanto al recurso liquido para "hacerle frente a los compromisos previsionales hay un poco más de 4.000 millones de dólares" y "si el ritmo (de emisión) se mantiene, en tres años esto se cae".
En diciembre de 2022, el Congreso salvadoreño aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones, y, a pesar de las solicitudes de nacionalización de algunos sindicatos, dejó el manejo de los recursos a cargo de las administradoras privadas de pensiones.
En esas fechas el Congreso también aprobó la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales, que indica que la deuda generada con los COP es responsabilidad del autónomo Instituto Salvadoreño de Pensiones.
Dicha ley obliga a las AFP a "adquirir con los recursos de los fondos de pensiones que administran, la totalidad de los COP de cada emisión".