Madrid, 15 dic (.).- El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 9 de enero la fecha para la deliberación y fallo del pleito que enfrenta a Abertis (BME:ABE) con el Estado por la concesión de la AP-7 entre Tarragona y la Junquera, que venció en agosto de 2021 y por la que la empresa concesionaria pide más de 4.000 millones de euros.
Así lo han indicado a EFE fuentes judiciales, que explican que no tiene porqué conocerse el fallo ese mismo día.
De hecho, desde Abertis esperan que en torno al primer trimestre o semestre de 2024 se conozca el fallo por parte del Alto Tribunal por las diferencias que enfrentan a ambas partes a raíz de las inversiones y posterior caída de los tráficos en esta concesión.
En 2006 se firmó con el entonces Ministerio de Fomento que dirigía la socialista Magdalena Álvarez un acuerdo para modificar al completo la concesión de la AP-7 en este tramo.
Este convenio que preveía que el coste de las obras fuera sufragado por Acesa, filial de Abertis, y compensado con la recaudación adicional que se obtuviera por el aumento de la capacidad de la autopista, que presentaba grandes atascos y saturación.
De las conversaciones que mantuvo la concesionaria con varios ministros se consideró que era necesario acometer una inversión del entorno de los 500 millones de euros. A ello se unieron los peajes que se quitaban en la periferia de Barcelona o el derecho a abrir vías paralelas.
La propuesta consistía en un aumento de las tarifas por encima de la inflación y la extensión de la concesión.
El contrato establecía una curva de precios. Si el tráfico era mejor que la curva se compensaba y si estaba por debajo el Ministerio pagaba la diferencia.
De entrada la concesionaria renunció a parte de ese ingreso porque los tráficos estaban por encima de esa curva.
Sin embargo, la intensidad media diaria de esta autopista de peaje empezó a caer en 2007 y años siguientes con motivo de la crisis económica, con lo que se iba generando una cuenta a cobrar con la Administración.
Cuando llegó a 1.500 millones el ministerio que presidía entonces Ana Pastor consideró que no se podía pagar esta cantidad a la concesionaria, lo que hizo que Abertis fuera provisionando todo lo que se iba generando.
Además, el Consejo de Estado ya advirtió entonces que con este mecanismo se estaban transfiriendo riesgos de tráfico de la concesionaria a la Administración.
Aunque Abertis ya había acudido al Supremo, el Alto Tribunal dictamino que había que esperar a analizar en detalle esta disputa una vez que hubiera vencido la concesión, lo que ocurrió en agosto de 2021.
Unos meses más tarde, en febrero de 2022, la concesionaria de autopistas acudió de nuevo al Supremo.
Previamente, el Gobierno había acordado compensar con casi 1.070 millones a Abertis por sus inversiones en las obras de ampliación de los tramos de la AP-7 Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo, una vez revertido el peaje.
Del importe total de la compensación, 505,5 millones correspondían a la inversión ejecutada, 143,5 millones al efecto impositivo y el resto a la capitalización del saldo de compensación.