MADRID (Reuters) - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado un impuesto autonómico a las grandes superficies (IGEC) introducido por Cataluña, Asturias y Aragón para compensar el impacto en el medio ambiente de la actividad comercial, según un comunicado conocido el jueves.
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) había impugnado judicialmente este impuesto, cuyos ingresos se destinan a planes de actuación medioambientales y a la mejora de las infraestructuras.
El Tribunal Supremo español preguntó al tribunal europeo si estas tasas podían ser constitutivas de ayudas de Estado prohibidas y si podían vulnerar la libertad de establecimiento.
El tribunal ha determinado que el criterio de superficie de venta, el que determina qué establecimientos están sometidos al impuesto, no supone una discriminación directa.
Respecto a las ayudas prohibidas, dijo que hay que determinar si los establecimientos excluidos se hallan o no en una situación comparable a los sometidos al gravamen.
"El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que no constituyen ayudas de Estado en el sentido del Tratado FUE las exoneraciones en función de las dimensiones o de la naturaleza de la actividad del establecimiento, previstas por impuestos como los controvertidos, cuando los establecimientos exonerados no generen un impacto negativo sobre el medio ambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros", según recoge la decisión del TSJE.
ANGED respondió en un comunicado que el impuesto puede ser legal pero perjudica la competitividad.
"El IGEC grava en exclusiva a las compañías con grandes establecimientos comerciales, perjudicando gravemente su competitividad respecto de otros operadores, formatos y modelos comerciales. En especial, frente a las plataformas digitales, que no están sujetas a las mismas barreras operativas, restricciones e impuestos que, como el IGEC, erosionan el negocio de las empresas", dijo ANGED en un comunicado.
ANGED instó a las comunidades a reconsiderar este tipo de impuestos que considera "anacrónicos" y que a su juicio "distorsionan gravemente la oferta comercial, penalizan la capacidad de crecimiento de las empresas, drenando recursos a la inversión y la generación de empleo".