Madrid, 14 jun (.).- Las eléctricas españolas ya han mostrado ante los inversores su oposición al proyecto del Gobierno para reducir los beneficios que obtienen en el mercado las centrales que no emiten dióxido de carbono (CO2) y les han dicho que esperan cambios en la propuesta que, de no darse, harían peligrar inversiones e, incluso, el acuerdo para el cierre de las nucleares.
Credit Suisse (SIX:CSGN) ha dado a conocer un informe de sus analistas sobre energéticas europeas con las conclusiones de la décima conferencia mundial sobre energía, en la que participaron la semana pasada 23 empresas durante tres días de reuniones virtuales.
Según dice el informe sobre la reunión, en la que estuvieron presentes directores financieros de empresas españolas, la propuesta de "impuestos inesperados" en España fue una pregunta recurrente de los inversores a lo largo de la semana.
Añade que desde Iberdrola (MC:IBE), EDP (LS:EDP), Endesa (MC:ELE) y el grupo italiano Enel (MI:ENEI), al que pertenece Endesa, se cuestionó la propuesta del Gobierno, si bien los analistas de Credit Suisse no esperan que otros países sigan el ejemplo de España.
El informe señala que el anteproyecto de ley del Gobierno para minorar los denominados "beneficios caídos del cielo" -un margen que las eléctricas que no emiten CO2 obtienen en el mercado al beneficiarse del mismo precio que marcan las centrales que sí tienen que pagar derechos de CO2- puede comprometer el papel de Iberdrola en España.
El informe afirma que esta compañía ve la propuesta muy negativa para el sector y propondrá soluciones alternativas, incluida la regulación de la retribución de las centrales expuestas a la medida del Gobierno, que son las nucleares, las hidroeléctricas y las eólicas que entraron en funcionamiento antes de 2005.
Asimismo, Credit Suisse señala que el plan de inversión de Iberdrola tendrá que ser revisado a la luz de la decisión del Gobierno y afirma que ésta considera que el acuerdo para el cierre escalonado de las nucleares alcanzado hace dos años "se considera roto".
En el informe también se afirma que Endesa, cuyo accionista mayoritario es el grupo italiano Enel, también se opone "enérgicamente" a la propuesta del Gobierno y que estima su impacto, en el peor de los casos, en unos 400 millones de euros en el resultado bruto de explotación (ebitda).
Añade que Endesa no está de acuerdo con la propuesta y que espera cambios en la tramitación parlamentaria o en la revisión de la norma por la UE.
Según el informe, Endesa sostiene que el coste actual de la energía nuclear e hidroeléctrica es, respectivamente, de 56 (MWh) y 54 (incluyendo depreciación y amortización), incluso antes de la reciente recuperación del CO2.
En el informe se dice que Enel, matriz de Endesa, considera el anteproyecto de ley del Gobierno español un "gran error" y espera que la Comisión Europea se oponga, al tiempo que ha subrayado las dificultades que puede tener el Ejecutivo español para encontrar apoyo en el Parlamento nacional.
Credit Suisse indica que Enel opina que lo correcto sería tener una discusión "clara" dentro de la UE sobre cómo rediseñar el modelo de mercado eléctrico, dada la creciente penetración de producción renovable.
Por su parte, el grupo portugués EDP, con presencia en España, cree que la medida del Gobierno tendrá para ellos un bajo impacto, de unos 20 millones de euros en el beneficio neto a partir de 2022, al tiempo que afirma que no ve riesgo de que el Gobierno luso adopte medidas similares por el mayor grado de liberalización de las tarifas portuguesas.
Tampoco ve que le pueda ocurrir el mayor proveedor de electricidad de Austria, Verbund, que en el encuentro señaló que no cree que se introduzca un impuesto similar en Alemania y Austria, sus mercados claves.
El Gobierno presentó el 1 de junio un anteproyecto de ley para minorar los beneficios que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de CO2 con el que espera ingresar 1.000 millones al año, que destinarán a reducir los cargos de la factura, lo que supondrá un ahorro del 4,8 % en el recibo de los consumidores domésticos y del 1,5 % para la gran industria.
Un 90 % de los ingresos que se obtengan se destinará a financiar los costes de las renovables que se cargan en la factura a través de los cargos y el 10 % será para hacer transferencias a las administraciones para que financien el suministro de los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.