San Juan, 7 jul (EFE).- Las protestas de funcionarios puertorriqueños contra los recortes del gasto público siguieron hoy, mientras la oposición habla de acudir al Congreso de EE.UU. para evaluar "alguna medida de rescate ante la inminente insolvencia" de Puerto Rico, que acumula 73.000 millones de dólares de deuda.
Entre quienes protagonizaron las principales protestas de hoy en Puerto Rico -que desde hace semanas son ya diarias en la isla- destacan la Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que estableció un campamento frente al Departamento del Trabajo para reclamar que se atiendan sus reclamos.
"Durante el más reciente intento de la unión (sindicato) de llegar a un acuerdo que termine con el conflicto, esta vez a través de un arbitraje del Departamento del Trabajo, la gerencia del BGF se negó a negociar con los empleados en huelga", dijo la presidenta sindical, María Rodríguez, en un comunicado de prensa.
Este sindicato de empleados del brazo financiero del Gobierno de Puerto Rico -que también asesora fiscalmente a las entidades públicas de la isla- lleva 21 días en la calle protestando.
Rodríguez asegura que la respuesta del BGF ha sido el envío de cartas que amenazan a los trabajadores con despidos si no vuelven de forma inmediata al trabajo.
Según sus datos, los aumentos salariales que reclaman "no representan un gasto oneroso" para el BGF, ya que, dijo, "los empleados unionados -sindicados-" representan "menos del 25 % del gasto total de nómina del BGF".
Estos empleados reclaman una revisión al alza de sus salarios, que llevan tres años congelados, lo mismo que los de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), la empresa pública que gestiona el agua en la isla.
La Unión Independiente Auténtica (UIA), que agrupa a empleados de la AAA, desplegó hoy un gran cartel sobre la autopista José de Diego, que atraviesa la capital, en el que se podía leer: "Alejandro García Padilla -el gobernador-, la historia te recordará como el verdugo de los trabajadores".
Este colectivo critica la reciente aprobación de una ley de emergencia fiscal que da autoridad al Gobierno para revisar a la baja convenios colectivos de entidades públicas con las que no puedan llegar a un acuerdo previo.
El presidente de la UIA, Pedro Irene Maymí, criticó también hoy que, en momentos de "emergencia fiscal", el Gobierno de la isla haya abierto una oficina comercial en Colombia, con la que pretende intensificar las relaciones comerciales.
Mientras, el Gobierno sigue sin dar pistas sobre la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la empresa pública que monopoliza el suministro eléctrico en la isla, y se limita a apuntar que debe ser autosuficiente económicamente y proveer un servicio en condiciones de calidad y precio a los puertorriqueños.
Por el momento, la AEE anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con los bancos locales para posponer los pagos que debía realizar antes de final de mes, pero no ofreció más detalles.
Desde la oposición, el representante de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, decidió empezar a tantear a las autoridades federales sobre posibles "medidas de rescate ante la inminente insolvencia y el crítico estado financiero de Puerto Rico", que es un Estado Libre Asociado de EE.UU.
En declaraciones al diario local El Vocero, Pierluisi recordó que "el Congreso tiene el poder de investigar acciones gubernamentales que impactan la economía de EE.UU., incluyendo la salud de su sistema financiero, así como de considerar legislación para salvaguardar el bienestar económico de la nación".
"Queda por verse, sin embargo, si comisiones del Congreso con jurisdicción sobre estos asuntos deciden investigar el posible impacto de la Ley de 'quiebra criolla' en los mercados financieros", agregó el comisionado residente.
Por ello, adelantó que auscultará "el sentir en el liderato en cuanto a la necesidad de que el Congreso intervenga en el manejo de la crisis fiscal y económica que enfrenta Puerto Rico".
Desde Wall Street también se empieza a hablar cada vez más de un rescate, tal y como en su día ocurrió con las propias entidades financieras tras la crisis de Lehman Brothers, así como el de la industria automotriz.