Por Ted Hesson y Mica Rosenberg
WASHINGTON, 16 feb (Reuters) - Una empresa penitenciaria privada dirigirá un nuevo programa piloto en Estados Unidos que pondría bajo arresto domiciliario a cientos de migrantes atrapados al cruzar la frontera con México, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a Reuters, un enfoque que, según sus críticos, es una extensión de la detención con fines de lucro.
BI Incorporated, una filial de la empresa de prisiones privadas GEO Group, operará el llamado programa piloto de "toque de queda en casa", dijeron un portavoz del DHS y dos funcionarios estadounidenses.
Los inmigrantes inscritos en el programa serán confinados en su lugar de residencia en Estados Unidos durante 12 horas al día y serán vigilados electrónicamente mientras esperan sus audiencias judiciales.
Reuters y otros medios de comunicación informaron la semana pasada sobre el nuevo programa, que por lo general obligará a los inmigrantes a permanecer en sus residencias desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana.
El gobierno de Biden ha ampliado en gran medida las llamadas "alternativas a la detención", como las tobilleras y la vigilancia por teléfono móvil. La selección de una empresa penitenciaria privada para llevar a cabo el proyecto piloto muestra cómo las empresas podrían mantener una fuerte presencia en el sector de la aplicación de la ley de inmigración.
GEO Group declinó hacer comentarios y, en su lugar, remitió las preguntas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que supervisa la detención de inmigrantes y depende del DHS. Cuando se le preguntó sobre el programa, un portavoz del DHS dijo que es parte de "reformas a la detención con impacto"
El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, firmó un decreto poco después de asumir el cargo en enero de 2021 para eliminar gradualmente los contratos de prisiones privadas para las cárceles federales con el fin de "reducir los incentivos basados en los beneficios" del encarcelamiento y hacer frente al racismo sistémico.
Sin embargo, hasta ahora Biden no ha cumplido su promesa electoral de hacer lo mismo con la detención de inmigrantes.
Actualmente hay 21.000 inmigrantes en centros de detención federales, frente a los 19.000 que había el 30 de septiembre de 2020, antes de que Biden asumiera el cargo. Los centros de detención de inmigrantes están operando a una capacidad reducida debido al COVID-19.
La población actual bajo detención sigue siendo mucho menor que los niveles anteriores al COVID bajo el expresidente Donald Trump, un republicano y de línea dura en materia de inmigración.
El gobierno de Biden ha cerrado dos centros de detención de inmigrantes y ha ordenado al ICE que reduzca el número de detenidos, centrándose en quienes han cometido delitos graves.
"CAMBIO DE FORMA"
Ante el decreto de Biden sobre las cárceles y la perspectiva de un menor número de inmigrantes detenidos, dos de las mayores empresas penitenciarias privadas del país, CoreCivic y GEO Group, han estado estudiando alternativas a la detención, incluida la supervisión remota como fuente continua de ingresos, según transcripciones de recientes conferencias telefónicas.
Unos 164.000 inmigrantes se encuentran actualmente en programas alternativos a la detención, según datos del ICE, aproximadamente el doble del total al 30 de septiembre de 2020, antes de que Biden asumiera el cargo. El Gobierno está pidiendo al Congreso financiación para hasta 400.000 inscritos, informó Reuters la semana pasada.
BI recibió un contrato federal de 2.200 millones de dólares en 2020 para administrar dichos programas, según los registros de contratación federal. CoreCivic disputó el contrato, diciendo que había propuesto un precio más bajo por el servicio, según un informe posterior del gobierno de Estados Unidos, una señal de la creciente competencia en el mercado de la monitorización remota.
En su primer año en el cargo, Biden se enfrentó a un número récord de intentos de cruce de la frontera, que se ha convertido en un fuente de ataques para los republicanos con una plataforma contra la inmigración de cara a las elecciones de medio período del 8 de noviembre.
Si bien una orden de salud pública por el COVID-19 vigente en la frontera permite a los funcionarios expulsar rápidamente a la mayoría de las personas que cruzan ilegalmente, miles de personas siguen entrando en el país para presentar solicitudes de inmigración.
Los solicitantes de asilo adultos estarán entre los varios cientos de inmigrantes del programa piloto de arresto domiciliario, que se pondrá a prueba en Houston y Baltimore, según un memorando del ICE enviado recientemente a los legisladores y visto por Reuters.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que las tobilleras y otras formas de control están ampliando la vigilancia de los inmigrantes sin reducir significativamente las detenciones.
El gobierno de Biden está reutilizando los tres centros de detención de familias del gobierno federal para alojar sólo a adultos, añade el memorando del ICE. Sin embargo, dos de esos centros en Texas están gestionados por CoreCivic y GEO Group, que seguirán administrándolos.
"Es un paso en la dirección correcta", dijo Jacinta González, organizadora de la campaña de Mijente, una organización de defensa de los inmigrantes. "(Sin embargo) la idea era que cerraran, no que cambiaran de forma".
(Reporte de Ted Hesson en Washington y Mica Rosenberg en Nueva York; Reporte adicional de Kristina Cooke en San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa)