Vesna Bernardic
Zagreb, 26 sep (EFE).- El Gobierno esloveno comienza hoy a debatir un paquete de reformas para evitar convertirse en el sexto país que solicite un rescate en la zona del euro y sortear una "espiral griega" de deuda y depresión económica.
Si la oposición bloquea la adopción de las medidas el país puede suspender pagos en octubre y en 2013 tampoco podría afrontar la devolución de 2.000 millones de euros de deudas estatales, advirtió el primer ministro conservador, Janez Jansa, en agosto.
Eslovenia con sus dos millones de habitantes era hasta hace cuatro años un modelo de transición por su pujanza económica, que lo llevó en 2004 a entrar en la Unión Europea (UE) y en 2007 a ser el primer país excomunista en entrar en el euro.
Una burbuja inmobiliaria mal digerida y la caída de las exportaciones por el deterioro de la situación internacional ha triplicado casi la deuda estatal desde 2008 hasta alrededor del 60 % del PIB que se prevé para 2012, mientras que el desempleo se ha duplicado hasta el 8 %.
El Gobierno calcula que la economía del país se contraerá este ejercicio un 2 % y en 2013 otro 1,4 %, mientras que el bono estatal a diez años superó recientemente el crítico 7 % de interés, aunque ahora se encuentra por debajo de ese valor.
Las medidas que se debatirán tratarán sobre el saneamiento del sector bancario, concentrar las compañías y bienes estatales en una sociedad, la reforma de las pensiones, la flexibilización del mercado laboral, la limitación constitucional del déficit y la reducción de empleados en el sector público, con posibles recortes salariales después de los ya impuestos en mayo, que ascendieron hasta un máximo del 7,5 %.
El Parlamento debatirá hoy la ley sobre la concentración de los bienes estatales, cuyo valor se estima en unos 12.000 millones de euros, en una sociedad que según el Gobierno facilitará su gestión más eficaz y responsable.
En el orden del día del viernes estará el proyecto de ley de saneamiento del sector bancario, agobiado por más de 6.000 millones de euros de "créditos tóxicos", que representan una de las vertientes principales de la crisis.
El Gobierno planea crear un "banco malo" que convertiría los activos "tóxicos" en bonos estatales con un descuento del 50 %, por un valor máximo de 4.000 millones de euros o un 11 % del PIB, y luego el sector bancario sería recapitalizado con un máximo de 1.000 millones de euros.
La reforma de las pensiones, cuyo rechazo en referendo desencadenó en 2011 la caída del gobierno socialdemócrata, prevé una gradual elevación de la edad de jubilación hasta los 65 años desde los actuales 60, y la del mercado laboral busca una flexibilización que permita facilitar despidos y contrataciones.
Esas dos reformas son todavía objeto de negociaciones entre el Ejecutivo, los sindicatos y la oposición, mientras el Partido de los Jubilados (DeSus) ha amenazado con abandonar la coalición gubernamental si no se suaviza la reforma de las pensiones.
"Espero que logren un consenso (acerca de las reformas) antes de que la cada vez peor situación de las finanzas públicas obligue a pedir asistencia financiera exterior", declaró a Efe el profesor de la Facultad de Economía de Maribor y director del Instituto de Diagnóstico y Pronóstico Económico, Rasto Ovin.
"Eslovenia tiene una calidad extraordinaria tratándose del factor humano, la posición geográfica y la armonía regional y dispone de sólidas infraestructuras. Si supera sus problemas, tiene posibilidad no solo de volver a ser una de las mejores economías entre los países de transición, sino dentro de toda la UE", subrayó.
Sin embargo, tampoco faltan analistas que opinan que es sólo cuestión de tiempo que Eslovenia pida el rescate financiero, posiblemente a final de este año.
Jansa no descartó la semana pasada la posibilidad de que vincule la votación sobre la introducción de un límite constitucional a la deuda, para la que no tiene el apoyo necesario de los dos tercios del Parlamento, a una cuestión de confianza a su Gobierno.
En caso de la caída del Ejecutivo, se formaría uno técnico en lugar de convocarse elecciones anticipadas, consideran los analistas, pero coinciden en que todo ello sería una muy mala señal.
Otro factor con el que debe de lidiar Jansa y que desea limitar es la facilidad con la que se puede convocar referendos que pueden revocar reformas impopulares.
Según la legislación actual, es suficiente que apoyen una consulta popular 30 diputados de los 90 del Parlamento o se recaben las firmas de 40.000 ciudadanos para que sea convocado. EFE