Bruselas, 24 may (.).- España, apoyada por Grecia y Portugal, reclamó este viernes ante sus socios de la Unión Europea que se utilice financiación común para costear el refuerzo de la política industrial que quiere acometer el bloque para competir frente a Estados Unidos y China.
"Estamos en pleno proceso de transformación de nuestra industria, de reforzamiento de nuestra política industrial europea, y esto precisa (...) de instrumentos financieros europeos", dijo el ministro de Industria y Turismo español, Jordi Hereu, a su llegada a la reunión de ministros del ramo de la UE en Bruselas.
Durante el encuentro, los Veintisiete celebraron un debate sobre el futuro de la política industrial europea a petición de España, que junto a Portugal y Grecia presentó a sus socios un documento en el que piden explorar la creación de un "instrumento financiero" para invertir de manera unificada en sectores estratégicos.
Este mecanismo "mejoraría las capacidades de producción, incentivaría inversiones estratégicas en sectores industriales críticos en toda la UE, aumentado la competitividad y resiliencia", explicó durante el debate el ministro español, quien consideró necesario "un nuevo enfoque para movilizar recursos públicos y privados" si se aspira a tener una "poderosa" industria europea.
El documento presentado por Madrid, Lisboa y Atenas no precisa si este nuevo instrumento debería financiarse con la emisión de deuda común, como el fondo de recuperación pospandemia, y Hereu aseguró que España está abierta a "diferentes estrategias" de financiación pública, pero incidió en que "mancomunar el esfuerzo europeo ha funcionado muy bien en los últimos años" por lo que desean seguir impulsándolo.
La propuesta recibió también el apoyo de Francia, Italia y Chipre, pero fue rechazada por Suecia, Finlandia y Países Bajos durante un debate en el que no participaron todos los Estados.
"Frente a la crisis de inversión que afrontamos, tenemos que movilizar una capacidad de inversión común a la altura de las circunstancias, que permita responder a nivel europeo, sin fragmentar el mercado único y sin las limitaciones de las ayudas de Estado", dijo el embajador adjunto francés ante la UE, Cyril Piquemal.
Por el contrario, la ministra de Energía, Empresa e Industria sueca, Ebba Busch, consideró que el uso de fondos europeos "no es una condición previa" para la competitividad de la industria europea y opinó que esta sufre "deficiencias estructurales" que no pueden resolverse con este tipo de medidas fiscales.
"Es más, esta política podría contribuir a la fragmentación global", dijo.
En la misma línea, el embajador holandés, Michael Stibbe, abogó por poner el foco en "usar los escasos recursos públicos para movilizar inversión privada" y en simplificar el uso de instrumentos ya existentes.
El impulso a la competitividad se ha convertido en tema prioritario para la UE en el último lustro. Por un lado, la pandemia y la invasión de Ucrania revelaron el riesgo de depender excesivamente de terceros en áreas estratégicas y, por otro, las políticas de subsidios públicos de Estados Unidos, China o Japón a industrias como la de tecnologías limpias o chips han agravado el riesgo de que la industria europea se quede atrás.
En abril, los líderes europeos abordaron la cuestión partiendo del informe sobre el mercado único encargado al exprimer ministro italiano Enrico Letta, quien advirtió en particular de la huida de capital y empresas a Estados Unidos ante la falta de inversión privada en Europa.
Para atajar la brecha, los Veintisiete apuestan por una mayor integración de los mercados de capitales para liberar inversión privada, complementada con financiación pública vía ayudas nacionales, presupuesto comunitario y Banco Europeo de Inversiones.
Pero confiar el impulso a la industria a las ayudas públicas que pueda conceder cada Estado genera un riesgo de desequilibrio dentro de la UE, dónde no todos los países tienen el mismo margen presupuestario, y el temor a que la industria acabe concentrándose en los más generosos -Francia y Alemania- en detrimento del resto. No en vano París y Berlín concedieron en 2022 más del 50 % de todas las ayudas públicas de la UE.