Bruselas, 28 mar (.).- Las comisiones de Economía y Justicia del Parlamento Europeo (PE) aprobaron este martes la creación de una agencia contra el blanqueo de capitales en la Unión Europea (UE), que supervise directamente las entidades de mayor riesgo, así como una batería de medidas para luchar contra el "lavado de dinero" y la financiación del terrorismo.
Los eurodiputados sellaron en concreto tres acuerdos, por amplia mayoría, que servirán de base para negociar con los Estados miembros la legislación definitiva.
El pacto sobre la nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, en inglés) prevé que esta supervise directamente algunas entidades financieras y de crédito en función de su nivel de riesgo, empezando por las 40 de mayor riesgo en una primera fase, asumiendo así parte de las competencias que ahora están en manos de los supervisores nacionales.
La decisión sobre la sede de la Autoridad, a la que es candidata Madrid, entre otras ciudades, se tomará durante la negociación con el Consejo en los próximos meses.
La agencia podrá realizar inspecciones "in situ" y solicitar documentos a las firmas, así como imponer multas a las entidades que violen las normas, por ejemplo en materia de controles internos o diligencia debida, de entre 500.000 euros y dos millones de euros, hasta un máximo del 10 % de su facturación anual global.
Asimismo, los eurodiputados proponen extender el mandato de este organismo para que elabore listas de países terceros con alto riesgo en materia de blanqueo, resuelva disputas entre supervisores nacionales o investigue cómo aplican las autoridades nacionales las normas comunes contra el "lavado de dinero".
Las comisiones parlamentarias aprobaron precisamente hoy la regulación que fija estas disposiciones comunes, así como la sexta directiva comunitaria contra el blanqueo.
Entre otras medidas, estas reglas limitarán a 7.000 euros los pagos en efectivo que pueden recibir los proveedores de bienes y servicios y a 1.000 euros las transferencias de criptoactivos efectuadas sin un proveedor de servicios.
Los Estados abogaron por un tope de 10.000 euros para el efectivo y también de 1.000 en el caso de criptoactivos en su acuerdo sobre la regulación, sellado en 2022.
Los eurodiputados proponen además prohibir los pasaportes y visados de oro, que otorgan la ciudadanía o residencia en un Estado de la UE a cambio de inversiones, porque suponen "un riesgo manifiesto de uso indebido por parte de criminales".
Asimismo, para facilitar que se detecten esquemas de blanqueo y se congelen los activos a tiempo, prevén que las Unidades de Inteligencia Financiera que deberán establecer todos los países puedan acceder a los registros de beneficiarios reales, cuentas bancarias y propiedades.
Los eurodiputados consideran beneficiario real a quien tenga un 15 % más una de las acciones en una compañía, o el 5 % más una acción en el caso de las industrias de extracción o empresas con mayor riesgo de blanqueo o financiación del terrorismo.
En este sentido, los eurodiputados quieren también que los estados recopilen información sobre los propietarios de bienes como yates, aviones o coches que valgan más de 200.000 euros almacenados en zonas francas, dado que mercancías como éstas "son atractivas para los delincuentes", según señalaron en un comunicado.
Las normas regularán asimismo el acceso a los registros centrales sobre beneficiaros reales, permitiendo que obtengan la información periodistas, organizaciones civiles o instituciones educativas cuando tengan un interés legítimo.
El PE prevé aprobar los acuerdos en pleno en abril, tras lo cual podrá empezar a negociar con el Consejo.