Vitoria, 14 mar (.).- El Gobierno Vasco llevará al Tribunal Constitucional una disposición de los Presupuestos del Estado para 2023 que "impone" una herramienta informática para tramitar las subvenciones de los fondos europeos Next (LON:NXT) Generation que incluye "un control estatal sobre la imparcialidad" de los cargos y empleados autonómicos.
El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad al entender que dicha disposición "se inmiscuye en labores ejecutivas" del gabinete de Iñigo Urkullu y "vulnera el autogobierno".
En concreto se recurrirá la disposición adicional de los presupuestos "que sin previa consulta impone" que todas las administraciones usen una aplicación "única y común para la gestión de los fondos europeos", lo que supone una "injerencia ilegítima" en las tareas encomendadas al Gobierno Vasco, ha expuesto su portavoz, Bingen Zupiria.
En un comunicado el Ejecutivo autonómico ha defendido que "tiene la competencia y capacidad técnica para desarrollar su propia herramienta", que así debe de ser reconocido por el Gobierno central y que en todo caso el uso del sistema estatal debe ser voluntario.
Además, añade la nota, esta herramienta informática "tiene por misión evaluar de forma automatizada el riesgo de posibles conflictos de interés que cargos y personal público vasco pudieran tener con las personas solicitantes" de estas ayudas, incluidos el lehendakari y los consejeros de su Gobierno.
Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco entienden que la imposición de esta "herramienta de control estatal sobre la imparcialidad de cargos y personal" vasco significa que el Estado está "realizando una tarea ejecutiva control", lo que supone una "infracción de las normas de reparto competencial".
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