Oviedo, 18 ene (.).- El expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional que hubiera ejercido una labor de mediación entre la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres para llevar adelante el proyecto de ampliación del puerto de El Musel.
Navas se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional junto a otras 19 personas para responder de su presunta responsabilidad penal en las supuestas irregularidades detectadas en la ejecución de las obras de ampliación cuyo coste pasó de los 499 millones iniciales a unos 800 millones.
La Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de tres años de cárcel y nueve años de inhabilitación para desempeñar un cargo o empleo público, aunque en la actualidad ya está jubilado, por lo que en caso de condena ésta última no tendría efecto alguno.
Navas, que ejerció como presidente de Puertos del Estado desde marzo de 2004 a abril de 2009, ha insistido en que nunca proyectó, ni dirigió, una obra marítima, por lo que nunca fue “un ingeniero de hormigón, sino de gestión”.
En su declaración, ha destacado que hay 28 autoridades portuarias que gestionan hasta un total de 44 puertos españoles y todos ellos desarrollan un “alto nivel de gestión y autonomía”.
Cuando él accedió al cargo, en 2004, pensó que "el tema" de la obra de ampliación de El Musel “estaba ya saneado” y ha reconocido que ha sido ahora, cuando ha sido procesado y ha tenido acceso al sumario, cuando se ha enterado “más de los problemas del puerto de Gijón” porque lo que en aquella época no tenía conocimiento de los “hitos de la ejecución de la obra”.
A preguntas del fiscal sobre su papel en esta actuación, ha insistido en que la Autoridad Portuaria era “muy celosa en sus competencias", al igual que lo fue él en las suyas, por lo que se ha desvinculado de cualquier intervención en este caso porque él, ha dicho, "no tenía criterio técnico”.
Navas ha admitido que acudió a una reunión convocada por el exsecretario general de Transportes del Ministerio de Fomento, el también acusado Fernando Palao, en 2006, a la que asistieron representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres donde se abordó los problemas que provocaban el retraso de la obra.
Sin embargo, ha afirmado que se presentó a la reunión “in albis” porque “si el legislador no me quiere dar las competencias, no las tengo” y no intervino porque “no tenía nada que decir”, ya que se trataban temas de “fondo de cajones y necesidad de piedras y de que se requería mucho material pétreo”, y donde no se habló “de su coste”.
Navas ha dejado claro que esa fue la única reunión a la que asistió y no participó en “ninguna otra”, ni tampoco habló “de precios o de modificaciones”.
También ha rechazado que tuviera una “intervención decisiva” para poner de acuerdo a la Autoridad Portuaria a los contratistas ni exigió tampoco a la UTE Dique Torres que la obra continuase, ni patrocinó un acuerdo inmediato entre las partes.
En la sesión de hoy también han declarado los acusados A.I.D. y J.M.P.R., de la UTE, para quienes la Fiscalía interesa sendas penas de dos años de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presuntos cooperadores necesarios en un delito de fraude.
Ambos han reconocido que la oferta inicial tenía unos precios “muy ajustados” dada la envergadura de la obra de ampliación.
Mañana seguirá el interrogatorio al resto de acusados de la UTE que afrontan la misma petición de pena.
El tribunal ha señalado otras 20 sesiones y está previsto que el juicio se prolongue hasta el mes de junio.
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