San Juan, 9 jul (EFE).- La agencia estadounidense Fitch degradó hoy los 13.400 millones de dólares en bonos de obligaciones generales de Puerto Rico de BB a BB-, un escalón más en el grado especulativo, reservado para la llamada deuda "chatarra" o "basura".
La agencia también degradó la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina), con 15.200 millones de dólares; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), con 4.058 millones; el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, con 2.900; y de la Autoridad de Edificios Públicos, con 1.400; todas con perspectiva negativa.
Como ya hicieron Standard & Poor's y Moody's, Fitch atribuyó las degradaciones a la reciente aprobación de una ley local que habilita el proceso legal para la declaración de quiebra de las corporaciones públicas de la isla.
Estas revisiones siguen a la degradación que Fitch ya acometió el 26 de junio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a causa de esa misma ley.
"El Estado Libre Asociado ha demostrado en repetidas ocasiones su enfoque en el fortalecimiento de los fundamentos de su crédito general, incluso mediante el continuo progreso en el cierre del déficit de presupuesto del fondo general y la limitación de su exposición a los déficit de las corporaciones públicas", reconoció hoy Fitch en un comunicado.
Sin embargo, "la revisión a la baja en un escalón de la calificación refleja el deterioro marginal en los fundamentos del crédito a pesar de estos esfuerzos, con la continua debilidad económica, el bajo rendimiento de los ingresos y los desafíos a los que se enfrentan los esfuerzos de estabilización fiscal", agregó.
Aunque la aprobación de la citada ley "no tiene un efecto negativo directo sobre el crédito de las obligaciones generales de Puerto Rico", la agencia aseguró que "supervisará muy de cerca" cómo afecta al futuro acceso al mercado y a su compromiso con los bonistas".
"Fitch sigue creyendo que el éxito final de los esfuerzos para poner las finanzas en una senda sostenible se verá impulsado por el desempeño de la economía", insistió.
Para que su evaluación no baje más, Fitch ve necesaria "la estabilización en el rendimiento económico y la salida del largo periodo de recesión", en el que Puerto Rico lleva inmerso desde 2006.
En ese sentido, apuntó que, "pese a que algunos datos recientes sugieren una estabilización incipiente, aunque a niveles débiles, los resultados son mixtos".
En cuanto a la evolución de la economía, aseguró que la tasa de caída se ha contenido "notablemente" este año, pero que persisten los descensos interanuales, con un retroceso del 1,1 % en mayo.
Por lo que se refiere al histórico déficit presupuestario, reconoció que se ha reducido considerablemente y que en el ejercicio 2015 -que comenzó el pasado 1 de julio- se están haciendo muchos esfuerzos por equilibrar ingresos y gastos.
Tras hacerse pública esta degradación, el presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David Chafey, y la secretaria del Departamento local de Hacienda, Melba Acosta Febo, difundieron un comunicado conjunto en el que transmitieron su decepción.
"Nos sentimos decepcionados con la interpretación errónea de Fitch de que la reciente aprobación de la Ley para la Recuperación sugiere que Puerto Rico podría en el futuro tomar acciones en detrimento del crédito de Cofina", dijeron.
E insistieron en que la citada norma "se creó para establecer un marco legal claro que permitiera a ciertas corporaciones públicas atender sus dificultades financieras sin poner en riesgo los servicios esenciales que proveen".
Además, agregaron que, según reconoce Fitch, la cobertura del servicio a la deuda de Cofina por los ingresos comprometidos para este propósito es "considerable", los ingresos por el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) se han mantenido constantes desde su implantación en 2006 y en mayo de 2014 habían aumentado un 6,5 % interanual.
Asimismo, recordaron que Cofina tiene derecho preferencial sobre el ingreso pignorado del IVU para capitalizar completamente el servicio anual a su deuda.
"Todas las medidas que se han tomado han sido consecuentes y han estado alineadas con un mismo objetivo: fortalecer el Fondo General y Cofina mientras se asegura la autosuficiencia de las corporaciones públicas que proveen servicios esenciales a los residentes de la isla", indicaron.
Con ese objetivo, durante los 18 meses que lleva en el Gobierno, la actual Administración ha aumentado la cantidad de los ingresos sobre el IVU que se destinan a Cofina, ha incrementado la base contributiva de ese impuesto y, para el presupuesto del año fiscal 2015, se ha comprometido a cobrarlo en los muelles portuarios.