Túnez, 9 dic (.).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) estudiará el próximo 19 de diciembre la solicitud de Túnez para obtener un préstamo por valor de 1.900 millones de dólares, anunció este viernes el ministro de tunecino de Economía, Samir (CSE:SAM) Daid, que aseguró que su concesión se encuentra "por buen camino".
El pasado 15 de octubre, el Gobierno alcanzó un acuerdo preliminar con el organismo financiero para obtener un mecanismo ampliado de crédito (MEC)- el tercero de la última década- durante un periodo de 48 meses después de presentar un programa de medidas económicas y sociales que incluye la retirada de los subsidios a productos de primera necesidad y carburantes, así como reducir el número de funcionarios.
La ministra de Industria, Neila Nouira Gonji, defendió hoy durante un encuentro empresarial que las reformas del Ejecutivo buscan la "justicia fiscal, la transparencia de las transacciones, la modernización de la administración fiscal, la racionalización de ventajas fiscales y la incorporación del mercado informal".
Las decisiones, señaló, se tomarán de manera conjunto con la Patronal (UTICA) y el principal sindicato del país, la UGTT, con el fin de preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos, que se enfrentan a una inflación del 9,8%, la más alta desde 1991.
Sin embargo, la UGTT rechaza cualquier "medida dolorosa" y exige al Gobierno informar a la opinión pública de las reformas que pretende aplicar al tiempo que denuncia su intención de privatizar empresas públicas deficitarias como el Banco del Habitat (BH) o la Compañía Nacional de Tabaco.
Su secretario general, Noureddine Taboubi, reveló hoy haber sido informado de manera extraoficial de que las ayudas que sustituirán las subvenciones estarán limitadas a 118 dinares anuales (cerca de 35 euros) y se preguntó "¿quién se beneficiará realmente de estas ayudas?".
La decisión del FMI coincidirá con la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, previstas el 17 de diciembre, y que son boicoteadas por la mayoría política al considerarlas una iniciativa "anticonstitucional" del presidente Kais Said, que en julio de 2021 se hizo con plenos poderes para "preservar la paz social".