Madrid, 28 nov (.).- Los franquiciados de Restalia que denunciaron al grupo por delitos como estafa, organización criminal y coacciones han ampliado la denuncia contra el director general de compras porque también es franquiciado e, incumpliendo las normas exigidas al resto, que aseguran que les arruinaron, él se abastecía por su cuenta.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de la presentación de una ampliación sobre la denuncia interpuesta contra el grupo de restauración Restalia por delitos como estafa, organización criminal, coacciones, delitos informáticos y delitos contra los consumidores, en virtud de la cual el Juzgado de Instrucción 52 de Madrid incoó diligencias previas y ordenó el peritaje de toda la documentación.
La denuncia originaria se interpuso en 2021 contra el dueño del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán, la propia sociedad y varias de sus filiales como 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger (TGB), así como a una veintena de responsables del grupo, a los que se acusa de actuar "con engaño" hacia los franquiciados, muchos de los cuales se vieron abocados a "a ruina económica dadas la condiciones a las que se les sometía.
Ya son 76 los establecimientos denunciantes, quince de ellos italianos, en una causa en la que los afectados son representados por los despachos Rafael Franco Abogados y Cremades & Calvo-Sotelo.
Recientemente la Fiscalía de Madrid ha remitido un informe en el que acepta la petición de los denunciantes de que el caso se investigue en la Audiencia Nacional, al contrario de lo que defendió hace un año, ya que al avanzar la causa hay nuevos perjudicados repartidos a lo largo del territorio nacional, además de por el tipo de delito, el volumen de negocio y "el ingente número de posibles investigados o perjudicados".
Detalla el fiscal, en el escrito al que ha tenido acceso EFE, que en el momento de redactar ese informe había 54 establecimientos franquiciados en España, cabiendo esperar que este número "aumente significativamente" y que el presunto importe defraudado supera los 29 millones de euros sin contar con los perjuicios de los nuevos establecimientos.
Hace unos días los afectados presentaron una ampliación de denuncia en la que relatan que han tenido constancia, tras contratar a una empresa de detectives, de que el director general de compras del grupo Restalia, a su vez franquiciado, tiene una nave que usa como plataforma logística propia para suministrar la mercancía a sus locales franquiciados, y lo lleva haciendo años.
Esto es contrario a la "imposición de sobrecostes" en todos los productos y servicios suministrados a los que la trama obligaba presuntamente a los franquiciados, a los que se ordenaba abastecerse solo a través de los proveedores homologados por grupo de restauración (Havi Logistics), según las fuentes.
Para los denunciantes esos sobrecostes "no sólo suponen ese beneficio ilícito para la organización criminal, sino que, por el contrario, significan la ruina económica de los denunciantes y la inviabilidad económica del negocio franquiciado".
En cambio el directivo denunciado, que dejó el cargo durante tres años pero ha regresado al mismo, se abastece por su cuenta de productos como pan, aceite, harina o azúcar, consiguiendo así mejores precios, de manera que siendo responsable de las decisiones de compra, elude las normas abusivas y los sobrecostes que conllevan, subraya el escrito remitido al juzgado.
En este escrito también se solicita que se amplíe la investigación a una empresa de muebles y de compraventa de fincas porque su administrador y socio único es uno de los denunciados, y la citada sociedad mercantil tiene el mismo domicilio social que otras dos mercantiles denunciadas.
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