Madrid, 9 jun (.).- El presidente de Iberdrola (MC:IBE), Ignacio Sánchez Galán, ha alertado de las consecuencias del anteproyecto de ley para minorar los beneficios que las centrales no emisoras obtienen en el mercado a cuenta de los precios del CO2 y ha criticado que se utilicen argumentos que no son verdad, como que las plantas afectadas están amortizadas.
Sánchez Galán, que ha intervenido este miércoles en el II Foro Económico Internacional de Expansión, ha advertido de que "la inseguridad jurídica lleva siempre a mayores costes" y, al final, "lo pagan los consumidores".
Ha criticado el anteproyecto de ley que ha lanzado el Gobierno para minorar los beneficios que las plantas de generación eléctrica anteriores a 2005 obtienen en el mercado por el alto precio del CO2 y que ellas no consumen, dado que el precio en ese mercado marginalista lo marcan las tecnologías más caras, las emisoras que sí tienen que pagar por el CO2 que emiten.
Sánchez Galán ha indicado que ese anteproyecto "supone unas nuevas cargas inesperadas sobre tecnologías que no generan emisiones y que están lejos de estar amortizadas e, incluso, en muchos casos están en pérdidas".
Ha señalado que contar que esas centrales "están amortizadas, que ganan dinero, no es cierto, y ahí están las cuentas que se pueden ver en el Registro Mercantil".
Además, ha advertido de que en situaciones coyunturales, como la actual -con altos precios en el mercado eléctrico debido al alza de los precios del gas y el CO2-, no se pueden adoptar decisiones estructurales "y menos utilizando argumentos que no corresponden a la verdad".
Sánchez Galán ha dicho, no obstante, que confía y está seguro, de que, como ayer dijo la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a lo largo de la tramitación del anteproyecto "y a través del diálogo y las opiniones de todos, se llegue a una solución alineada con el marco jurídico, que fomente las energías limpias y dé certidumbre a las inversiones" necesarias para alcanzar los objetivos del Plan de Energía y Clima.
En el caso de Iberdrola, ha afirmado que están permanentemente abiertos a ese diálogo para "alcanzar un marco equilibrado, estable e incentivador que atraiga inversiones", al tiempo que ha recordado que el objetivo debe ser no solo producir un producto más sostenible y más limpio, "sino más competitivo, que mejore la vida de los ciudadanos y que no encarezca de manera desorbitada los costes de las empresas".
Sánchez Galán ha defendido también el mercado europeo de CO2 y la reserva estratégica de CO2, destinada a que las instituciones puedan hacer que el precio suba o baje en función de los objetivos climáticos que haya que cumplir.
Ha recordado que "el CO2 no viene de Arabia Saudí" y que los ingresos que se obtienen por el CO2 van a las arcas de los diferentes estados que forman parte de la UE, que en el caso de España serán este año de 2.500 millones de euros.
"Cuando se dice que los precios de la energía han subido por el CO2 significa que las arcas de Hacienda han ingresado este año 2.500 millones de euros por esos precios que están dentro de un mercado organizado a nivel europeo", ha señalado Sánchez Galán, que ha afirmado que no hay que "rasgarse las vestiduras" porque el precio del CO2 suba o baje.
También ha dicho que "lo que no puede ser" es que alguien invierta en energías limpias y tenga que pagar por los derechos de CO2 igual que el que no ha invertido en esas tecnologías y que tiene que comprar derechos por emitir CO2, por lo que hay que buscar una "solución de equilibrio".
Ha recordado que Iberdrola cerró sus plantas de carbón y fuelóleo sin ningún tipo de ayuda y apoyo, y con muchas presiones sociales, y asumió "costes económicos elevados" y adaptó al personal que trabajaba en esas centrales.
"En la transición justa es justo también reclamar que quienes asumimos esos riesgos y costes no tengamos que pagar doblemente por haberlo hecho para favorecer así a aquellos que no hicieron esa transición", ha subrayado.