San Juan, 30 jun (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ofreció explicaciones a la ciudadanía sobre la ley que acaba de aprobar para que las empresas públicas puedan declararse en quiebra y publicó una columna en la que dijo que era necesario para garantizar los servicios públicos básicos.
"Las corporaciones públicas tienen que ser autosuficientes. Su estructura es parecida a las privadas, pero son públicas porque su fin es el bien común y sus únicos accionistas somos los puertorriqueños", defiende en una columna publicada en el diario más leído de la isla, El Nuevo Día, así como en la web de La Fortaleza.
Sin embargo, explica que algunas de esas empresas públicas ya no son el "ejemplo de eficiencia y calidad" que fueron durante muchos años, en los que "cubrían sus gastos con los ingresos que generaban".
"Irresponsablemente, algunos gobiernos comenzaron a permitir que los gastos excedieran los ingresos; a tolerar que se pasaran a los clientes facturas cada vez más altas y que, aun así, la chequera se cuadrara con préstamos", asegura.
Como ejemplo, apunta que entre 2009 y 2012 la Autoridad de Carreteras tomó prestados más de 2.200 millones de dólares sin saber cómo los iba a pagar.
"Esa manera de actuar es injusta con todos los puertorriqueños, socava nuestras posibilidades de desarrollo económico", afirma exactamente el día en que cumple un año y medio como gobernador.
"La reorganización era inevitable y necesitábamos producir el marco legal para hacerla viable", argumenta García Padilla para justificar la aprobación de la nueva Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, bautizada en los medios locales como la "quiebra criolla".
A su juicio, la regulación de la quiebra de las corporaciones públicas es "un paso trascendental" porque "Puerto Rico era la única jurisdicción de EE.UU.,"y probablemente del mundo, que no tenía un ordenamiento legal para ese manejo".
Aclara que la ley no sirve para regular una hipotética declaración de quiebra del conjunto de Estado, ya que no aplica a las obligaciones generales del Estado Libre Asociado (ELA).
En ese sentido, reitera, como hace siempre que sale el tema para calmar a los titulares de bonos, que "el ELA seguirá honrando su historial de cumplimiento como lo requiere nuestra Constitución. Este país paga lo que debe".
Además, asegura que este paso ha servicio para "probar al mundo que Puerto Rico es un país de gente seria, que cumple su palabra".
Defiende que así se demuestra también que "aquí se puede invertir, sin miedo a que se incumplan las obligaciones; que la nueva generación que asumió las riendas del poder en 2013 trabaja de forma responsable; que el bienestar de nuestra gente está por encima de cualquier otra consideración y que no importan las anticipables críticas partidistas, vamos actuar con firmeza, por el bien común".