Santiago de Chile, 29 ago (EFE).- El reciente fallo judicial que paralizó el proyecto de construcción de la central termoeléctrica Castilla provocará que se pierdan proyectos de inversión minera por valor de 15.000 millones de dólares, según fuentes próximas al Gobierno.
"Vamos camino hacia una situación que puede hacer crisis a mitad de la década; la Justicia será responsable de que no haya energía en el año 2016", consideran las fuentes consultadas.
Este martes, la Tercera Sala de la Corte Suprema decidió por unanimidad paralizar la construcción de la Central Castilla, que iba a ser la segunda más importante del país, así como el puerto vinculado al proyecto, ambos en la región norteña de Antofagasta.
El megaproyecto termoeléctrico suponía una inversión de 5.000 millones de dólares por parte de la empresa MPX, propiedad del empresario brasileño Eike Batista y la compañía alemana E.On, y tendría una capacidad instalada de 2.100 megavatios.
En círculos cercanos al Gobierno se considera que "con esta decisión, por primera vez la Justicia está entrando en un terreno que no le corresponde", por lo que no descartan que se puedan impulsar cambios en la ley y los reglamentos de impacto medioambiental.
El fallo de la Corte Suprema, adoptado por unanimidad, paraliza la construcción del proyecto Castilla y solicita a MPX que presente un estudio de impacto ambiental que integre los dos elementos: el puerto y la central termoeléctrica, y no por separado, como hizo hasta ahora.
Al conocer esta decisión, la empresa manifestó su "convicción de que el proyecto cumple con la normativa ambiental vigente" y advirtió de que "volverá a evaluar su estrategia de negocios en Chile".
Actualmente existen en cartera 30.000 millones de dólares en proyectos de inversión minera en la región de Antofagasta, los cuales pueden verse afectados por este fallo judicial.
"Es posible que algunas inversiones se vayan a otra parte. Si tenemos energía muy cara, vamos a perder competitividad. Otros países mineros tienen fuentes de energía", señalaron las fuentes próximas al Gobierno.
"Alguien tiene que preocuparse de que tengamos energía. La Justicia tiene que ser consciente de que toda forma de energía suscita cierto rechazo", agregaron.
En los últimos dos años, el Gobierno ha aprobado proyectos que representan 4.000 megawatios de potencia instalada, pero aún así no es suficiente para satisfacer las necesidades futuras, especialmente de la industria minera, que absorbe el 20 % de la energía generada en un país que carece de petróleo y gas natural.
El Gobierno tiene previsto presentar mañana un proyecto decisivo para mitigar el impacto del déficit energético: el de la carretera eléctrica pública, que pretende solucionar el problema que supone que la generación de energía se concentre en el sur del país y la mayor demanda, en el centro y el norte. EFE