Santiago de Chile, 18 ene (EFE).- El Gobierno de Chile reforzó su sello medioambiental tras rechazar este miércoles por unanimidad el controvertido megaproyecto Dominga, que promovía la extracción de concentrado de hierro y cobre cerca de uno de los ecosistemas más importantes del mundo donde vive el 80 % de los pingüinos de Humboldt.
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien presidió el Consejo de Ministros que canceló la iniciativa, junto con los titulares de Salud, Minería, Agricultura, Energía y Economía, aseguró que la decisión es "robusta, trazable y basada en evidencia técnica" y que las reclamaciones tienen que ver con "vida marina", "contaminación de agua" y "calidad de aire", entre otras.
Tanto Rojas como el presidente chileno, Gabriel Boric, se habían mostrado siempre contrarios al proyecto, incluso antes de asumir el cargo hace un año.
Organizaciones ambientalistas y locales celebraron la deliberación "desfavorable" sobre el proyecto, que incluía una mina y un puerto, aunque pidieron mayor protección para la zona, que alberga una reserva natural única en el planeta.
“Esperamos que a este rechazo del gobierno se sume la declaración de un área protegida para todo el archipiélago de Humboldt y sus alrededores que permita blindar definitivamente este ecosistema de la ambición y corrupción que rodeó la creación este proyecto”, señaló el director de Greenpeace Chile, Matías Asun.
Por su parte, la compañía Andes Iron, impulsora del proyecto que lleva una década tratando de conseguir los permisos, anunció que recurrirá en los tribunales la polémica decisión y criticó "la intervención política" del Comité de Ministros.
"Favorece la judicialización y retrasa una respuesta definitiva de una inversión tan relevante para la Región de Coquimbo y la minería chilena", sostuvo la compañía en un comunicado.
CRÍTICAS DE EMPRESARIOS Y MINEROS
Entre quienes han criticado la cancelación del proyecto hay poderosos gremios como el de los empresarios, que calificaron la decisión de "mala noticia" y aludieron a la pérdida de empleos que significará para la zona.
"Le da la espalda a la evidencia técnica, impidiendo que avance un proyecto que ha cumplido con las exigencias de la institucionalidad medioambiental”, opinó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.
También desde la Cámara Minera de Chile "lamentaron profundamente" la resolución gubernamental.
"Necesitamos mayor producción de minerales; para ello requerimos seguir siendo competitivos a nivel regional y mantener el liderazgo como primer productor de cobre, litio y yodo del mundo", señaló el presidente del gremio, Miguel Zauschkevich Domeyko.
En el sector gubernamental, en cambio, la decisión del Consejo de Ministros fue aplaudida ampliamente y sin reparos. Desde parlamentarios hasta presidentes de partidos de la coalición de Gobierno celebraron la paralización del proyecto.
PLAN ALTERNATIVO
Tras el rechazo del megaproyecto, que se había valorado en 2.500 millones de dólares, el ministro de Economía, Nicolás Grau, detalló el plan que el Ejecutivo ha diseñado para fomentar el empleo y el crecimiento en la zona, La Higuera, una de las comunas más pobres del país ubicada en la región norteña de Coquimbo.
La propuesta contempla una inversión de 580.000 millones de pesos (unos 600 millones de dólares) durante más de 8 años para actividades como la cobertura de servicios básicos, conectividad, la construcción de infraestructura y programas sociales.
"A quienes son de la zona y nos están escuchando, no están solos. Nosotros como gobierno los vamos a apoyar", expresó Grau.
UNA DISPUTA JUDICIAL QUE SALPICA A PIÑERA
Desde su presentación hace una década, la minera Dominga ha estado envuelta en polémicas que incluso salpicaron al expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).
La investigación periodística "Papeles de Pandora (CSE:PNDORA)" reveló a finales de 2021 presuntas presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de acciones de este megaproyecto del exmandatario.
La investigación difundió una controvertida cláusula de compraventa entre el empresario y amigo de la familia Carlos Alberto Délano y Piñera, en la que se condicionaba el último pago de la transacción a que no se declarara un área de protección ambiental en la zona de operaciones de la mina.
La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto. La Fiscalía de Chile abrió una investigación días después de la publicación de los Papeles de Pandora, pero a día de hoy aún no han imputado cargos a nadie.
Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-1018), un Comité de Ministros ya revisó el proyecto y lo rechazó, pero la empresa recurrió a los tribunales.