Cáceres, 17 feb (.).- La próxima aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, en trámite parlamentario, incluye “ventanas de oportunidad” para el sector del transporte de viajeros por carretera, entre otras, la liberalización de rutas abiertas no sometidas al régimen de concesión administrativa para las empresas.
Así lo ha expuesto en Cáceres la secretaria general de Transportes y Movilidad (Mitma), María José Rallo, que ha clausurado este viernes el II Congreso Nacional de Pymes del Transporte de Viajeros por Carretera, organizado por Direbús.
Tras una mesa redonda con la participación de distintos actores políticos en esta futura ley, que se espera salga adelante este semestre, Rallo ha defendido esta norma base generalista, fruto de una “gran reflexión”, y que espera cuente con un “consenso amplio”.
A su juicio, la ley tiene especial atención en confortar a las distintas sensibilidades y el reparto competencial en el sector.
Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cerró ayer, según ha dicho, la consulta previa al sector para conocer en qué rutas podría haber interés empresarial en ejercer la liberalización, y actualmente se están analizando las conclusiones.
Con ello se busca “complementar” lo que se hace habitualmente con nuevas formas de movilidad y modelos de negocio.
Además, la ley pretende fomentar el transporte a demanda y mejorar la eficiencia del servicio, adecuándolo a las necesidades del viajero, y obliga a realizar planes de transporte al trabajo, sin plantear cuáles serían las soluciones como un autobús colectivo para empresas.
A su juicio, el sector del transporte por carretera afronta dos retos: la sostenibilidad y la digitalización, que, ha asegurado, “no serán una opción sino la única manera de sobrevivir”.
Por ello, les ha animado a aprovechar las ventajas de la digitalización en las formas de gestión y a contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Un sector “fundamental” para la movilidad del país cuyo crecimiento ha sufrido estos últimos años por la pandemia y posteriormente por los efectos de la inflación, ha apuntado, al que se acompaña con ayudas al combustible y directas por autobús.
Rallo ha señalado que ya 2.363 autobuses se han destinado a chatarra y se han solicitado casi 700 ayudas para la adquisición de autobuses eléctricos para cortas distancias e híbridos, con las ayudas de 400 millones de euros gestionadas directamente por las comunidades autónomas.
Sobre la digitalización de las empresas del sector, ha explicado que antes de mayo cada autonomía debe publicar la convocatoria de ayudas y, además, se prevé formar a profesionales con cursos de capacitación digital para la gestión de sus empresas.
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