Madrid, 21 mar (.).- La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha dicho este martes que el objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica es que la reforma del PVPC o tarifa eléctrica regulada, a la que España se comprometió cuando se aprobó la "excepción ibérica", es que esté aprobada en este primer semestre del año.
Aagesen, tras participar en la presentación del "Balance energético 2022 y perspectivas para 2023", ha indicado a los medios de comunicación que se está pendiente de los últimos informes de los ministerios y en vía de que el proyecto de real decreto pase al Consejo de Estado para que pueda procederse a su aprobación luego en Consejo de Ministros.
La reforma del PVPC, una tarifa que tienen que tener los beneficiarios de bono social eléctrico, es uno de los compromisos que España adquirió con la CE para que se aprobara el tope al gas para generación eléctrica en el mercado, a fin de reducir la exposición a la volatilidad del mercado diario a los consumidores con esa tarifa, y tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero.
Por eso, los principales cambios que se verán sobre el documento que salió a consulta pública estarán relacionados con los plazos de entrada en vigor, pero por lo demás no se van a hacer muchos cambios tras las alegaciones recibidas, ha dicho Aagesen.
En cuanto a la prórroga de la "excepción ibérica", que entró en vigor en junio del año pasado y que fue aprobada inicialmente por un año, Aagesen espera que la respuesta esté "muy prontito, en las próxima semanas".
Respecto a la referencia de precio para que se active, que comenzó en 40 que transcurrido medio año de la aplicación se ha ido aumentando de cinco en cinco euros cada mes, ha señalado que eso es una de las cosas que tendrán que ver con Bruselas, ver qué precios y qué senda se establece, a tenor de los precios más bajos que tiene ahora el gas en los mercados.
En cuanto a la escasa acogida que ha tenido la tarifa TUR de gas vecinal, lanzada en octubre y que tan sólo registra 5.000 beneficiarios, ha dicho que el Ministerio esperaba un mayor flujo de comunidades de propietarios hacia esa tarifa regulada, pues había sido muy demandada.
La secretaria de Estado ha dicho que desconoce la casuística de cada contrato que pudieran tener las comunidades para llevarles a no cambiarse, aunque también ha recordado que en las comunidades de vecinos no es tan fácil llegar a los acuerdos necesarios.
En cualquier caso, ha dicho que al Ministerio no les ha llegado "ninguna queja de que el sistema no funcione ni nada por el estilo".
Respecto a la introducción del requisito de renta para las familias numerosas para tener el bono social eléctrico, ha señalado que están trabajando en ello y que tienen que ver qué multiplicador de IPREM (índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos) van a poner a partir del tercer hijo.