Lisboa, 26 dic (.).- El Gobierno del socialista António Costa ha solicitado a la aerolínea TAP, propiedad del Estado luso, explicaciones sobre una indemnización de 500.000 euros a una secretaria de Estado por su cese como vocal de la compañía, cantidad que ha generado polémica en el país.
El Ministerio de Finanzas y el de Infraestructuras y Vivienda "determinan solicitar al Consejo de Administración de TAP información sobre el marco jurídico del acuerdo celebrado en el ámbito del cese de funciones como vocal de la respectiva Comisión Ejecutiva", establece una resolución que el Gobierno ha divulgado a la prensa este lunes.
El texto, firmado por el ministro de Finanzas, Fernando Medina, y el de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, pide también información sobre "el monto atribuido a la indemnización".
La polémica saltó este fin de semana cuando el medio luso Correio da Manhã divulgó que la actual secretaria de Estado del Tesoro, Alexandra Reis, fue indemnizada con medio millón de euros para compensar el tiempo que le quedaba por contrato como vocal en la Comisión Ejecutiva de la aerolínea después de su cese anticipado en febrero, que ella habría pedido.
Según la misma fuente, Reis, que recibía por su puesto en la aerolínea 254.000 euros brutos al año, tenía derecho a una indemnización correspondiente a cuatro años de mandato en TAP, aunque la cantidad pagada corresponde a los dos años que le quedaban.
Pocos meses más tarde, en julio, fue nombrada presidenta del Consejo de Administración de la Navegación Aérea de Portugal (NAV Portugal), también bajo control del Estado, cargo que ostentó hasta este mes.
Su nombre volvió a salir en la prensa cuando António Costa anunció en noviembre que la iba a nombrar secretaria de Estado del Tesoro, cargo que asumió al comenzar diciembre.
El Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), líder de la oposición, así como el Bloque de Izquierda y el animalista PAN han pedido explicaciones sobre este caso.
También se ha pronunciado el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien alegó este domingo a periodistas que, aunque "parece no haber un problema de compatibilidad", sí que es "incomprensible" la cantidad pagada.
"Son montos muy elevados, sobre todo tratándose de entidades empresariales propiedad del Estado y que están en una situación de reestructuración", alegó el jefe de Estado.
Un año después de las ayudas autorizadas por Bruselas para garantizar la viabilidad de la empresa, unos 3.200 millones de euros, TAP está inmersa en un plan de reestructuración con reducciones de plantilla y de los activos del grupo.
El Gobierno socialista luso ha dejado claro que quiere lanzar su privatización para integrarla en un gran grupo de aviación aunque no se saben los detalles.