Madrid, 19 dic (.).- Grandes compañías de alquiler de viviendas como Finaer, Aliseda (Blackstone (NYSE:BX)) y Sogeviso, junto con la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler Asval, han reclamado una reforma de la ley de protección de datos para permitir la elaboración de una única base de datos de "okupas".
Creen que ese registro, que podría ser consultado por los propietarios de los inmuebles antes de alquilar su vivienda, ayudaría a realizar una fotografía fiable del problema en España, ya que actualmente no se conocen con exactitud los datos de ocupación ilegal por comunidades autónomas.
La medida forma parte del decálogo que han elaborado estas empresas, con el apoyo de Pactum Abogados, de acciones frente a la "okupación" en España, en el que llaman a "diferenciar entre familias vulnerables y mafias".
Tras asegurar que la ocupación ilegal ha evolucionado durante los últimos diez años y que, en la actualidad, más del 80 % de las ocupaciones ilegales están orquestadas por mafias que se aprovechan de la necesidad de familias vulnerables para sacar rédito económico, sostienen que esa base de datos también ayudaría a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a elaborar un procedimiento eficiente para actuar contra ellas.
Otras de las medidas que proponen son: agilizar los sistemas de notificación, elevar las consecuencias penales y endurecer las penas al delito de ocupación ilegal, eliminar de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la posibilidad de realizar contratos verbales o simples y pasar a la obligatoriedad de que el contrato de arrendamiento esté registrado ante la agencia autonómica de vivienda.
También, dotar de más recursos a los Servicios Sociales y potenciar la mediación entre propietarios y 'okupas', apostar por la colaboración público-privada y por el fomento de la inversión en viviendas sociales a través de incentivos que motiven a las empresas e inversores a invertir en la construcción de nuevas viviendas, ampliar el parque de vivienda social en alquiler y agilizar de los trámites para nueva construcción de viviendas.
Dentro de la necesidad de aumentar el parque de vivienda social en alquiler plantean explorar la vía de alcanzar acuerdos entre las entidades financieras y la administración central, autonómica y municipal, para poner a disposición del mercado regulado gran parte de las viviendas actualmente vacías.