Atenas, 20 nov (EFE).- El Gobierno griego introducirá mañana el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 con una serie de incógnitas sobre el volumen de ahorro que finalmente deberá alcanzar, al no haber logrado todavía un acuerdo con la troika de acreedores sobre las necesidades de financiación.
Tras dos semanas de negociación continua, los acreedores dejarán mañana Atenas para acudir a la reunión del Eurogrupo y regresarán a Grecia previsiblemente a comienzos de diciembre.
En estas dos semanas se han logrado algunos progresos, pero se mantiene la diferencia de apreciación respecto al agujero fiscal que debe ser cubierto el próximo año.
Los representantes de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) partían de que el citado agujero de financiación podía ascender hasta 2.900 millones de euros, lo que haría necesarios sacrificios adicionales, mientras que el Gobierno estimaba que no superaría los 500 millones.
Pese a todo, el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, presentó en los últimos días un programa de ahorro de 1.300 millones de euros, en los que, según insistieron fuentes del Gobierno, no hay incluido ningún recorte salarial o de pensiones generalizado, sino únicamente medidas de ahorro de carácter estructural.
El argumento sobre el que ha estado insistiendo el Gobierno dirigido por el conservador Andonis Samarás es que Grecia no puede soportar más recortes generalizados, sin poner en peligro la cohesión social y con ello la supervivencia del Ejecutivo bipartito.
Fuentes del Ministerio de Finanzas señalaron ayer a los medios que las posibilidades de llegar a un acuerdo a comienzos de diciembre -el 9 de diciembre se celebra el próximo Eurogrupo- están "al cincuenta-cincuenta".
Hoy el tono era algo más optimista, y tras las reuniones celebradas con el ministro de la reforma Administrativa, Kyriakos Mitsotakis, y con Sturnaras, se describían las posibilidades como de "sesenta a cuarenta".
Entre los grandes escollos figura el levantamiento de la moratoria a las ejecuciones hipotecarias, que el Gobierno quiere aplicar solo a viviendas cuyo valor nominal exceda los 200.000 euros, para evitar una aún mayor erosión social, mientras que la troika exige que el desahucio se pueda ejecutar en todos los casos de morosidad.
En este punto el desacuerdo se mantiene, según fuentes gubernamentales, que añadieron que la parte griega reiteró su posición y recordó que es un asunto "muy sensible para la sociedad griega".
Algo de acercamiento ha habido, según filtraciones, respecto al futuro de la empresa pública de defensa EAS, que el Gobierno pretende sanear y la troika exigía cerrar.
Pese a que aparentemente ha habido un cierto acercamiento en este punto, se mantiene las diferencias respecto al camino que debe seguir la futura empresa, pues los acreedores quieren restringirla al sector militar nacional, mientras que el Gobierno quiere darle una orientación exportadora.
El futuro de EAS es precisamente uno de los cuatro requisitos previos que debe cumplir Grecia para poder dar luz verde al desembolso del próximo tramo de ayuda por valor de 1.000 millones de euros.
Sobre los restantes tres -el despido de 4.000 empleados públicos y el paso a la denominada reserva laboral de otros 25.000, la privatización de las compañías de agua de Salónica y Atenas y la liberalización de varias profesiones- se ha alcanzado un principio de acuerdo, según las filtraciones gubernamentales a la prensa. EFE
Tras dos semanas de negociación continua, los acreedores dejarán mañana Atenas para acudir a la reunión del Eurogrupo y regresarán a Grecia previsiblemente a comienzos de diciembre.
En estas dos semanas se han logrado algunos progresos, pero se mantiene la diferencia de apreciación respecto al agujero fiscal que debe ser cubierto el próximo año.
Los representantes de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) partían de que el citado agujero de financiación podía ascender hasta 2.900 millones de euros, lo que haría necesarios sacrificios adicionales, mientras que el Gobierno estimaba que no superaría los 500 millones.
Pese a todo, el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, presentó en los últimos días un programa de ahorro de 1.300 millones de euros, en los que, según insistieron fuentes del Gobierno, no hay incluido ningún recorte salarial o de pensiones generalizado, sino únicamente medidas de ahorro de carácter estructural.
El argumento sobre el que ha estado insistiendo el Gobierno dirigido por el conservador Andonis Samarás es que Grecia no puede soportar más recortes generalizados, sin poner en peligro la cohesión social y con ello la supervivencia del Ejecutivo bipartito.
Fuentes del Ministerio de Finanzas señalaron ayer a los medios que las posibilidades de llegar a un acuerdo a comienzos de diciembre -el 9 de diciembre se celebra el próximo Eurogrupo- están "al cincuenta-cincuenta".
Hoy el tono era algo más optimista, y tras las reuniones celebradas con el ministro de la reforma Administrativa, Kyriakos Mitsotakis, y con Sturnaras, se describían las posibilidades como de "sesenta a cuarenta".
Entre los grandes escollos figura el levantamiento de la moratoria a las ejecuciones hipotecarias, que el Gobierno quiere aplicar solo a viviendas cuyo valor nominal exceda los 200.000 euros, para evitar una aún mayor erosión social, mientras que la troika exige que el desahucio se pueda ejecutar en todos los casos de morosidad.
En este punto el desacuerdo se mantiene, según fuentes gubernamentales, que añadieron que la parte griega reiteró su posición y recordó que es un asunto "muy sensible para la sociedad griega".
Algo de acercamiento ha habido, según filtraciones, respecto al futuro de la empresa pública de defensa EAS, que el Gobierno pretende sanear y la troika exigía cerrar.
Pese a que aparentemente ha habido un cierto acercamiento en este punto, se mantiene las diferencias respecto al camino que debe seguir la futura empresa, pues los acreedores quieren restringirla al sector militar nacional, mientras que el Gobierno quiere darle una orientación exportadora.
El futuro de EAS es precisamente uno de los cuatro requisitos previos que debe cumplir Grecia para poder dar luz verde al desembolso del próximo tramo de ayuda por valor de 1.000 millones de euros.
Sobre los restantes tres -el despido de 4.000 empleados públicos y el paso a la denominada reserva laboral de otros 25.000, la privatización de las compañías de agua de Salónica y Atenas y la liberalización de varias profesiones- se ha alcanzado un principio de acuerdo, según las filtraciones gubernamentales a la prensa. EFE