Dublín, 17 ene (.).- La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) impuso en 2022 casi 1.100 millones de euros en multas tras recibir 6.802 denuncias de violaciones de la regulación vigente, lo que coloca a este organismo a la cabeza de los reguladores del sector en la Unión Europea (UE).
Según un estudio publicado este martes por la firma legal DLA Piper, el regulador de Luxemburgo se sitúa en la segunda posición de esta lista, si bien impuso el pasado año la multa individual más alta (746 millones de euros) por una infracción de la Regulación General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) de la UE.
El análisis destacó que el conjunto de los reguladores europeos, agrupados en el Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés), impuso un total de 2.900 millones de euros en multas, más del 50 % registrado en 2021.
Asimismo, aumentó un 8 % la media de denuncias sobre protección de datos desde las 331 diarias en 2021 a las 356 en 2022 en el ámbito de los veintisiete países miembros, agregó el estudio, que también incluye al Reino Unido, Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Respecto a Irlanda, la firma indicó que la DPC elevó en un 594 %, hasta los casi 1.100 millones, la cuantía de las multas impuesta por "una amplia gama" de infracciones de la GDPR durante 2022 respecto al año anterior.
La multa más alta en este país la recibió la red social Instagram, integrada en Meta (NASDAQ:META), por infracciones relacionas con datos personales de menores, una sanción de 405 millones de euros que la multinacional estadounidense ha recurrido en el Tribunal Superior de Dublín.
"2022 fue un año significativo para la Comisión de Protección de Datos de Irlanda", aseguró en el estudio el responsable de esta área en DLA Piper, John Magee.
El analista recordó que las multas más cuantiosas y las que "generaron más titulares" fueron impuestas a compañías de redes sociales, aunque preció que la comisión irlandesa "comienza a poner también el foco" sobre "todos los sectores".
"Sería recomendable que todas las empresas en general comenzaran a revisar sus práctica para evitar sanciones", concluyó Magee.