Roma, 23 mar (.).- La ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicará el próximo jueves al ministro italiano de Trabajo, Andrea Orlando, las características de la "Ley Rider" para que Italia estudie si aplicarla en su territorio y después, juntos, intentar extenderla a la Unión Europea (UE).
Así lo ha afirmado hoy Orlando en un encuentro telemático con la prensa extranjera en Roma, en el que ha dicho que la videoconferencia con Díaz servirá para que Roma conozca los detalles de la ley pactada por el Gobierno español y los agentes sociales y que, cuando se apruebe, convertirá a España en el primer país de la UE que contemple a los trabajadores de plataformas digitales como asalariados.
"España está realizando un camino importante e interesante en dotar de una nueva normativa a los trabajadores de las plataformas", aseguró el ministro italiano.
La llamada "Ley Rider" regularizará la situación laboral de estos repartidores para que dejen de ser falsos autónomos y permitirá a los sindicatos saber los algoritmos que rigen su rutina laboral.
"Es un camino sobre el que queremos reflexionar y estudiar si se puede integrar en nuestro ordenamiento", dijo Orlando.
Avanzó que el Ejecutivo italiano ya trabaja para abrir una mesa de diálogo con los interlocutores sociales sobre esta cuestión y que la conversación con Díaz -que pasará a ser vicepresidenta del Gobierno español tras la salida de Pablo Iglesias- "puede dar lugar a una normativa que influya" en las acciones "que se van definiendo a nivel de la UE" en este asunto.
El pasado 12 de marzo la Confederación Europea de Sindicatos (CES) reclamó a la UE que continúe la senda iniciada por España.
En Italia, la Justicia obligó en febrero a las plataformas de entrega a domicilio Glovo, JustEat y Deliveroo y Uber (NYSE:UBER) Eats a que regularizaran como asalariados a 60.000 repartidores y les impuso una multa de 700 millones de euros.
En el encuentro con los medios internacionales, Orlando también se refirió a otras cuestiones como el reciente paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para familias y empresas afectadas por los últimos cierres, que han sumido a la mayoría del país en un confinamiento desde hace más de una semana.
Este plan de estímulos, aprobado el pasado viernes, ha ampliado hasta el 30 de junio la prohibición de despedir por motivos económicos en los sectores que cuenten con otros mecanismos de protección social, y en los que no haya estas coberturas la medida se ha extendido hasta el 31 de octubre.
También se ha prorrogado el llamado sistema "Caja Integración", similar a los expediente temporales de regulación de empleo (ERTE), y se ha previsto una subvención de hasta 2.400 euros para trabajadores temporales del turismo en establecimientos hoteleros y de deporte.
Otros 1.000 millones han sido reservados para refinanciar la llamada "renta de ciudadanía", una especie de subsidio al desempleo, y 1.500 millones más para extender la "renta de emergencia", que apoya a familias en dificultad por la crisis del covid-19.
Las prioridades son "la defensa del empleo y la lucha contra las desigualdades", dijo.