Roma, 15 mar (.).- Italia considera "no aceptable" el respaldo del Parlamento Europeo (PE) a las revisiones propuestas por la Comisión Europea (CE) para elevar los objetivos del paquete legislativo "Fit for 55" para descarbonizar el bloque comunitario y que incluye la modificación de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios.
"La directiva de la Comisión no es aceptable por las limitaciones perentorias que impone. Menos aceptable aún es la posición aprobada por el Parlamento Europeo, que la hace aún más rígida, imponiendo incluso limitaciones individuales a la propiedad", afirma hoy el ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto, en declaraciones al Corriere della Sera.
La Eurocámara apoyó la gran hoja de ruta de la UE para descarbonizar el bloque y reducir las emisiones de CO2 y adoptó la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, que son responsables del 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con el objetivo de que el sector de la construcción sea climáticamente neutro en 2050.
"Nadie duda del objetivo de 2050, pero debemos proceder paso a paso. Deben ser los Estados nacionales los que evalúen el camino a seguir con respecto al parque de viviendas de cada país. Y hay que hacer una evaluación con respecto a las cifras", asegura Pichetto.
La revisión de la CE establece que, a partir de 2028, los edificios de nueva construcción deberán ser de cero emisiones, aunque en el caso de los ocupados por la Administración pública el plazo será partir de 2026, y deberán estar equipados con tecnología solar "cuando sea factible desde el punto de vista técnico y económico". Y también aumentar la tasa de renovaciones de edificios poco eficientes a nivel energético.
El ministro recuerda que Italia se había mostrado "favorable a condición de que se previeran puntos de control para 2033 y 2040 sobre la base de una vía lineal de descarbonización que se alcanzaría en 2050. Es bonito revestirse de ideales, pero en Italia tenemos unos 31 millones de unidades".
"De ellas, 15 millones están clasificadas. Incluso si muchas de ellas se excluyen porque tienen menos de 100 metros cuadrados, están limitadas o por otras razones, las viviendas que se deben llevar a la clase F para 2030 seguirían siendo unos 5,1 millones y las que se deben llevar a la clase D para 2033 ascenderían a 11,1 millones", explica.
Y si con el llamado "Superbonus", el paquete de incentivos aprobado en 2020 en Italia para realizar obras de restructuración de casas y fachadas para hacerlas más eficientes y que el nuevo Gobierno ha eliminado, "gastando 110.000 millones, pudimos intervenir en 360.000 inmuebles, ¿cuánto se necesitaría para intervenir de aquí a 2030 en casi 15 millones de unidades inmobiliarias?".
"Serían cifras astronómicas que ni el Estado ni las familias italianas pueden permitirse", subraya Pichetto.
Las asociaciones de constructores han denunciado que la eliminación de los incentivos y créditos del "Suprebonus", en los que se pagaba a través de deducciones fiscales hasta el 110% del coste de las obras, más de 32.000 empresas y 170.000 empleos del sector de la construcción están en riesgo.