La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 12 millones de dólares a Bank of America (NYSE:BAC) por no recopilar y falsear información demográfica durante el proceso de solicitud de hipotecas, tal y como exige la ley federal. Esta infracción se remonta a las solicitudes telefónicas de 2013, pero solo se rectificó con una mayor supervisión y formación en 2021. Según los informes, los agentes de préstamos del banco no pidieron detalles sobre la raza, el origen étnico y el sexo de los solicitantes e informaron inexactamente de ellos como no respondidos.
El director de la CFPB, Rohit Chopra, anunció el martes la medida coercitiva, subrayando la importancia de las medidas de cumplimiento para rectificar los procedimientos de solicitud de hipotecas y evitar este tipo de infracciones legales en el futuro. La multa es el resultado de una denuncia presentada en 2020, que desencadenó una revisión interna por parte del banco y una investigación posterior por parte de la CFPB.
Aunque Bank of America, con sede en Charlotte, ha aceptado la orden de consentimiento, el banco no ha admitido las acusaciones. Sin embargo, ha reconocido que, desde la denuncia, ha introducido mejoras de procedimiento para mejorar la supervisión y la formación.
El portavoz de Bank of America, Bill Halldin, confirmó que, a pesar de algunas inexactitudes denunciadas durante tres meses, el servicio de solicitud digital de Bank of America captó información demográfica correcta en la mayoría de los casos, lo que no influyó en la aprobación de los préstamos. El banco afirma que los problemas con la recopilación de datos no influyeron en el proceso de toma de decisiones para las solicitudes de hipotecas.
La multa impuesta ayudará al fondo de ayuda a las víctimas del CFPB. Esta no es la primera medida punitiva de la CFPB; anteriormente se le impuso una multa de 150 millones de dólares por imponer a sus clientes comisiones basura injustificadas. Esta medida está en consonancia con la recuperación por parte del Departamento de Justicia de 107 millones de dólares en concepto de ayuda a las comunidades que se enfrentaron a actividades ilegales de redlining.
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