Madrid, 14 abr (.). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está analizando las nuevas medidas para luchar contra el fraude en la facturación empresarial y recomienda a la Administración que analice los costes que supone para las compañías.
Al tiempo aconseja plantear la conveniencia de una ampliación de la entrada en vigor de la norma dado lo ajustado de los plazos previstos, según una nota del órgano de competencia.
Para evitar la práctica de los llamados "software de supresión de ventas" que utilizan algunas compañías con el fin de ocultar operaciones o modificar sus importes, los sistemas de facturación tendrán que cumplir con nuevas obligaciones, como que la Agencia Tributaria pueda acceder a ellos en tiempo real.
La normativa para luchar contra el fraude fiscal establece nuevos requisitos en los sistemas electrónicos, programas informáticos y soportes de facturación que deberán utilizar los empresarios y profesionales para desarrollar su actividad.
Las empresas tendrán que adaptar sus sistemas informáticos para ofrecer una imagen "fiel e íntegra" de sus registros contables y permitir a la administración tributaria acceder a su facturación en tiempo real.
Pide la Comisión un análisis "pormenorizado" de los costes que supondrá para las empresas adaptar sus sistemas de facturación y avanza que en otros países de la Unión Europea las medidas se han centrado en los sectores más proclives al fraude o en el uso de incentivos económicos.
Por ello recomienda que se asegure de que la normativa no impone obligaciones más gravosas para las pymes y los autónomos que las que existen para las grandes empresas, y precisar las causas por las que esta normativa no se aplicaría en ciertos casos individuales.
También considera que el desarrollo del sistema público de facturación de la Administración tributaria podría suponer un efecto expulsión sobre los desarrolladores privados.
Para garantizar la neutralidad de trato, defiende que se garantice la igualdad de acceso a la información y la obligación de repercusión de todos los costes de desarrollo y operación, tanto en la solución pública como en las privadas.