(Actualiza la EC4223 con más datos)
Madrid, 23 mar (.).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha explicado este jueves que el organismo trabaja en un informe sobre puntos de recarga de vehículos eléctricos, que debería estar listo antes de 18 meses, así como sobre la gestión de los residuos de envases.
Durante su intervención ante la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, Fernández ha hecho un repaso de la actividad de la CNMC, que cumple 10 años, en 2022, y ha adelantado algunas de las actividades en las que se va a centrar en los próximos meses.
Entre ellas, vinculadas a la economía circular, ha destacado la descarbonización, el sector de los seguros de asistencia sanitaria y una guía para la cuantificación de daños por infracciones del derecho de la competencia.
Por lo que respecta a su actividad en 2022, la presidenta de la CNMC ha recordado que los mercados regulados que supervisa en los ámbitos energético, de telecomunicaciones, audiovisual, transporte y sector postal suponen entre un 6 % y un 8 % del PIB.
En el ámbito del transporte ferroviario y en el de las tarifas aeroportuarias, las actuaciones de la CNMC entre 2013 y 2022 han supuesto ahorros directos al consumidor que superan los 300 millones de euros, al tiempo que han permitido acceder a servicios de transporte de mayor variedad y mucho más baratos.
Las decisiones adoptadas en el sector de la energía, ha explicado, se han traducido en ahorros de más de 1.500 millones de euros anuales, "lo que no incluye la supervisión específica y el efecto disuasorio de prácticas ilícitas".
Sobre la actividad de la CNMC en el ámbito de las telecomunicaciones, que debe abordar ahora el despliegue del 5G, "la labor de la CNMC ha generado una fuerte competencia en España, que es ya un país líder en cobertura de la tecnología de fibra hasta el hogar con coberturas del 80 % frente a la media europea, que no llega al 45 %".
En 2022 se notificaron 103 operaciones de concentración, la cifra más elevada desde 2016, y una mayoría de ellas, el 88 %, fueron autorizadas en primera fase sin compromisos, pero en siete casos sí fue necesario la presentación de compromisos por las partes para garantizar la competencia en el mercado tras la realización de la operación.
Cuatro fueron resueltas en primera fase y tres en segunda fase.
Asimismo, Fernández ha destacado que se han detectado varios tipos de infracciones, como los incumplimientos de la obligación de notificar operaciones de concentración económicas (hasta seis casos de "gun jumping", término que hace referencia a los atletas que empiezan a correr antes de que se dé la señal de salida) o los incumplimientos de compromisos asumidos por las empresas en expedientes previos.
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