Madrid, 17 jun (.).- La Comisión Nacional del Mercado de Vaores (CNMV) impuso el pasado año 39 multas -doce más que un año antes- por 9,08 millones de euros, frente a los 14 millones contabilizados por el mismo concepto en 2017, según el informe anual de la entidad publicado este lunes.
Asimismo, inició 21 expedientes sancionadores, frente a los dieciséis de 2017; uno de ellos, el que se le abrió en octubre al Banco Popular al haberse detectado prácticas irregulares de la alta dirección, se encuentra suspendido a la espera de una sentencia firme.
Las infracciones que justificaron la apertura de estos expedientes fueron abuso de mercado (manipulación de mercado y uso de información privilegiada), incumplimiento por parte de entidades de interés público de la obligación de disponer de comisión de auditoría, e incumplimiento de obligaciones de información por sociedades emisoras, de la normativa sobre ventas en corto, y de normas de conducta en la relación con clientes o inversores.
Además, se abrió un expediente por la incorrecta comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas, y el resto por distintas vulneraciones de la normativa.
El documento valora la puesta en marcha del canal de comunicación anónima de posibles infracciones, que recibió 316 avisos que contaban suficientes elementos como para ser analizados.
Durante el año se presentaron en la CNMV un total de cuatro denuncias, la mayoría relacionadas con la conducta de emisores o sociedades cotizadas y centradas en presuntos incumplimientos de las normas de abuso de mercado, posibles irregularidades de las obligaciones de información a inversores, e incumplimiento de los deberes contables.
De esas cuatro denuncias, sobre las que pesa el deber de guardar secreto, se ha concluido la tramitación de dos.
Tres de las denuncias fueron a sociedades de valores y entidades cotizadas y una a una gestora.
El informe detalla que en 2018 la CNMV acordó 24 resoluciones sancionadoras que concluyeron 23 expedientes que incluían 36 infracciones (12 iniciados en 2017 y 11 en 2018).
Al supervisor bursátil le fueron reportadas 232 operaciones sospechosas, la mayoría de ellas referidas al potencial uso o intento de uso de información privilegiada (un 66 %) y el resto, a posibles manipulaciones de mercado.
Por lo que respecta a la protección de inversor, el número de reclamaciones registradas fue 1.018, un 2 % más que un año antes; de las que se tramitaron con informe final motivado (590), el reclamante obtuvo un informe favorable a sus pretensiones en el 59,8 % de los casos.
El mayor número de reclamaciones finalizadas estuvo relacionado con problemas en la información posterior en el ámbito de la comercialización, el asesoramiento y la gestión de carteras (230).
En cuanto al canal de comunicación de posibles infracciones relacionadas con las normas de los mercados de valores caracterizado por su confidencialidad (lo que se conoce como "whistleblowing" en inglés), se recibieron 704 comunicaciones, de las que 525 eran de una naturaleza adecuada para ser tratadas por este canal y 316 fueron analizadas.