BRUSELAS (Reuters) - Los países de la Unión Europea aceptaron la propuesta de la Comisión Europea de poder evaluar las inversiones extranjeras en la Unión Europea, pero abogaron por tener la última palabra a la hora de permitir o no las adquisiciones de empresas chinas y de otras compañías en sus territorios.
La Comisión Europea propuso el año pasado controlar las inversiones extranjeras en el bloque para proteger los intereses estratégicos y la ventaja de Europa en algunas tecnologías. Actualmente, 12 de los 28 países de la UE han revisado sus mecanismos, pero los esquemas de control difieren enormemente.
Los embajadores de los estados miembro de la UE en Bruselas aprobaron el martes un texto revisado, despejando el camino para las negociaciones con el Parlamento Europeo, que quiere poderes más amplios para la Comisión Europea en este ámbito.
La Comisión reconoció el año pasado que sus estados miembro tendrán la última palabra, pero esos miembros revisaron aún así su propuesta inicial, poniendo de manifiesto que corresponde a cada país decidir si evaluar o no una inversión extranjera particular.
La Comisión, desde su punto de vista, debería proporcionar una "opinión no vinculante", en lugar de participar activamente en la valoración propiamente dicha, aunque también debería poder opinar, incluso si un país no está evaluando formalmente una inversión.
Sin embargo, coinciden en que los estados miembro de la UE deberían "considerar al máximo" la opinión sobre una inversión y dar una explicación si eligen no seguirla.
La Comisión dijo que la valoración debería determinar el impacto de una inversión en materia de "seguridad u orden público", en infraestructura y tecnología y puso ejemplo de algunos sectores como el de energía, transporte e inteligencia artificial.
A todo ello, los estados de la UE añadieron los medios de comunicación, defensa y solares y activos inmobiliarios. Sin embargo, no fueron tan lejos como el Parlamento, que también quiere añadir a la lista las instalaciones deportivas y servicios de apuestas como áreas estratégicas.
La ley final, que debería entrar en vigor el próximo año, será el resultado de las negociaciones entre los representantes de la Comisión, el Parlamento y los estados de la UE. La primera ronda está prevista provisionalmente para el 10 de julio.