Madrid, 26 jul (.).- Cuatro meses después de la aprobación del decreto ley que permite revisar los precios en los contratos públicos de obras por el encarecimiento de los materiales, la patronal de la construcción denuncia que su aplicación deja fuera al 95 % de las obras y reclama un nuevo decreto que evite la paralización del sector.
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, ha asegurado que "muchas empresas están muriendo por los sobrecostes que hay" -y que ha cifrado en un 33 % respecto a hace un año- y que el sector está "abocado a la paralización en pocas semanas".
A petición de las constructoras, el Gobierno aprobó a principios de marzo un real decreto-ley con medidas que permitían una revisión precios "excepcional" en contratos públicos de obras afectados durante 2021 por un aumento de costes superior al 5 % del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20 %.
Esas medidas se ampliaron a más casos, a finales de marzo, en el real decreto-ley de ayudas contra el impacto de la guerra de Ucrania, pero su aplicación "no ha funcionado" porque solo sirve para un número muy reducido de grandes obras, según la CNC, por lo que ha propuesto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un decálogo de modificaciones.
"Puliendo un poco el real decreto podría ayudar", ha apuntado Fernández Alén, tras subrayar que "quien está sufriendo el incremento de precios es la pyme y la empresa local, que son el 99,8 % de las empresas".
Según sus datos, más del 90 % de las empresas no pueden aplicar la revisión de precios porque el decreto se basa en una tipología de obra ferroviaria o de carreteras de un importe económico especialmente grande y con unos plazos de ejecución particularmente amplios.
Solo el criterio de aplicación a obras de más de un año deja fuera al 80 %, ha apuntado.
"Estamos empezando a ver retrasos en las obras, ralentización de trabajos, se abandonan proyectos, se está creando una parálisis del sector y se está produciendo el cierre de empresas constructoras", ha incidido el presidente de la patronal.
DIEZ MEDIDAS
Entre sus diez propuestas para un tercer real decreto-ley figura incluir las obras comenzadas desde el 1 de enero de 2021, y aquellas que hayan estado en ejecución durante el pasado año y cuya aprobación de la certificación final por parte del órgano de contratación haya sido anterior a la entrada en vigor del decreto de marzo.
La patronal pide también rebajar el umbral mínimo de sobrecoste desde el 5 % hasta el 2 % y eliminar el máximo de compensación del 20 % e introducir más materiales en el cálculo, así como el precio de la energía, que según dicen representa en torno al 30 % del coste total.
Otras propuestas son aplicar el silencio administrativo positivo ante la ausencia de un plazo de respuesta por el órgano de contratación y que las corporaciones locales queden vinculadas por la decisión que tomen las correspondientes comunidades autónomas, sin que tengan que adherirse expresamente.
Y que se incluyan los contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras, así como los de suministros.
Fernández Alén ha dicho en su comparecencia de prensa que "prácticamente todas las empresas líderes mundiales están perdiendo calificación", y que la administración debería ser "consciente de que nos estamos dando un tiro en el pie".
También ha explicado que hay comunidades autónomas que han sido "mucho más flexibles" que el Gobierno central y que han establecido normativas "más razonables" de aplicación de estos decretos, y se ha quejado de que a estas les haya llamado el Mitma para avisarles de un posible "recurso de inconstitucionalidad".
Según la CNC, este es el caso de Galicia, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura, que no solo se adhirieron a la normativa estatal, sino que la ampliaron.