Sevilla, 11 ene (.).- La factura eléctrica de 2022 fue la más cara de la historia con un coste medio de 1.538,53 euros, un 37,9 % por encima de los 1.106,04 euros de 2021, según un análisis de la organización de consumidores Facua en el que se ha analizado la evolución de la tarifa semirregulada de la luz (PVPC).
De esta forma, los dos últimos años han logrado situarse en las dos primeras posiciones de un ranking donde han quedado muy atrás los 958,41 euros de 2012, que hasta hace poco había sido el año en el que se batieron todos los récords y ahora ha quedado relegado al tercer puesto.
La factura anual de 2022 representó para el usuario medio -que según Facua consume 366 kwh mensuales y tiene una potencia de 4,4 kw, un 60,5 % más que la de hace una década- un incremento que asciende hasta el 199,3 % si se tiene en cuenta el recibo de 2002, que fue de 513,96 euros.
Además, durante el pasado año también se pagaron los tres recibos mensuales más caros a nivel histórico en marzo (176,73 euros), agosto (158,30 euros) y julio (142,40 euros).
Ante esta situación, Facua ha exigido al Gobierno que pida a la Comisión Europea el punto y final a la subasta marginalista, un mecanismo por el que las tecnologías de generación eléctrica extraordinariamente baratas acaba costando a los consumidores lo mismo que las más caras, las cuales además incrementan artificialmente sus precios.
Según la fuente, la medida se uniría a la solicitud que las autoridades gubernamentales españolas realizará próximamente a la Comisión para sacar la energía hidroeléctrica y la nuclear de esta subasta en la que se fija el precio diario de la electricidad, y seguiría la reivindicación que la asociación trasladó en 2021 a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Junto a ellas, Facua ha reclamado medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas ya que siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan, según el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC).
La organización también demanda al Gobierno que realice un mayor número de campañas publicitarias para dar a conocer el bono social eléctrico y térmico, ya que muchos usuarios desconocen su existencia o si pueden optar a estos descuentos aplicados a la factura del hogar.