Madrid, 31 ene (.).- El fondo de reserva, la denominada hucha de las pensiones, alcanzará al final de este año los 9.000 millones de euros gracias a las aportaciones del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).
Según ha recordado en el Congreso la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el objetivo es que este fondo, que cerró 2023 con unos 5.300 millones, supere los 25.000 millones al final de esta legislatura.
"Al final de este mismo año 2024, tendrá una cuantía de 9.000 millones", ha destacado Saiz, que ha repasado en su comparecencia los hitos de la reforma de pensiones y las principales líneas de trabajo pendientes en estos próximos años.
La reforma de las pensiones recogió la puesta en marcha del MEI, una cotización adicional que pasará de forma progresiva de 0,6 a 1,2 puntos en 2029 con carácter finalista para nutrir el fondo de reserva de cara a la jubilación de la denominada generación del "baby boom" (nacidos en España entre finales de 1950 y mediados de 1970).
Los ritmos del nuevo sistema de autónomos estarán antes de 2026
En este repaso de temas de Seguridad Social, Saiz ha añadido que el primer año del nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos ha sido un "éxito", sin "incidentes reseñables pese a la magnitud del cambio" y con un incremento en 16.000 afiliados a este régimen especial, hasta alcanzar los 3,34 millones, de los que un 40 % ya son mujeres.
"El despliegue del nuevo sistema ha de continuar y antes de 2026 tendremos que concretar el ritmo hasta su plena operatividad en 2032", ha dicho la ministra, continuando así "el camino hasta la convergencia" con el régimen general.
La ministra ha recordado que también está abordando con los agentes sociales mejoras en la jubilación para trabajadores de actividades penosas, permitiendo el reconocimiento de coeficientes reductores en aquellos puestos de trabajo "en los que se acredite objetivamente la penosidad".
Y todo ello, corrigiendo "el sesgo de género de la actual regulación", con un nuevo procedimiento que contará "con indicadores objetivos para justificar dichas condiciones" de penosidad, teniendo en cuenta factores como "la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar".
Asimismo, está negociando con los agentes sociales la mejora de la gestión de la incapacidad temporal, articulando fórmulas de colaboración entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en procesos por contingencias comunes de origen traumatológico.
Saiz también ha recordado que se avanzará en la implantación de permisos retribuidos con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo del recientemente creado permiso parental de cuidados a partir de agosto de 2024.
Y ha reiterado el compromiso del Gobierno de extender los permisos de nacimiento y cuidado del menor cuatro semanas más, hasta un total de 20 semanas para cada progenitor.
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