París, 16 mar (EFE).- La reforma de las pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron, a la que se oponen casi un 70 % de los franceses, según un reciente sondeo, afronta este jueves un día crucial, con una posible aprobación en la Asamblea en medio de una alta tensión social.
El controvertido proyecto de ley, que incluye un aumento de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años, será debatido y seguramente votado este jueves en las dos cámaras francesas: en el Senado a partir de las 9.00 hora local y en la Asamblea desde las 15.00.
La sesión de las dos cámaras sucede un día después de la octava jornada de movilizaciones contra la reforma, que atrajo menos manifestantes que en la mayor parte del resto de protestas celebradas este primer trimestre.
En caso de votación final en la Asamblea, el Gobierno francés cuenta, en teoría, con la base de los diputados del partido de Macron, sus socios centristas y con el respaldo puntual -y fundamental- de los conservadores, Los Republicanos (LR), con los que los macronistas ya consensuaron el miércoles un texto final en una comisión mixta.
Se opondrán al proyecto los partidos de izquierda -encabezados por la Francia Insumisa (LFI)- y la ultraderecha de Marine Le Pen, además de algunos diputados del LR, lo que podría dejar incierto el resultado dependiendo de cuántos sean los disidentes.
Por eso, el presidente francés no las tiene todas consigo y se reunió anoche en el Elíseo con su primera ministra, Élisabeth Borne, y con los ministros relacionados con la reforma.
El jefe de Estado quiere evitar a toda costa sobresaltos de última hora, garantizando una mayoría en las dos cámaras que permita sacar adelante el plan, que, además del aumento de la edad de jubilación, contempla el adelanto a 2027 de la subida de 42 a 43 años del período de cotización para un pensión integral.
Macron, cuya popularidad ha caído en picado en el último mes, considera fundamental la reforma para equilibrar el déficit del sistema de pensiones, que, según cálculos del Gobierno, se agranda cada año por la disminución de personas en edad de trabajar y el aumento de pensionistas, atribuido, en parte, al envejecimiento de la población.
En caso de que no pudiese aprobar la reforma en el Parlamento, el Ejecutivo podría recurrir al polémico artículo de la Constitución francesa 49.3, usado para aprobar leyes sin el visto bueno del poder legislativo.
Mientras, varias huelgas sectoriales, entre las que destaca la de recogida de basuras en ciudades como París, siguen en pie desde el 7 de marzo, cuando se endureció el movimiento.
Los sindicatos han convocado una nueva protesta en las inmediaciones de la Asamblea para presionar a los diputados.
Aunque haya una aprobación final, los representantes de los trabajadores ya alertaron de que seguirán movilizados.