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La nueva Ley de Vivienda topará el alquiler a grandes y pequeños propietarios

Publicado 14.04.2023, 14:34
© Reuters.  La nueva Ley de Vivienda topará el alquiler a grandes y pequeños propietarios

(Actualiza la EC5203 con más información)

Madrid, 14 abr (.).- La nueva Ley de Vivienda topará los alquileres en las áreas tensionadas del centro de las ciudades según el tipo de contrato, y ya sean grandes o pequeños propietarios.

Según el acuerdo que el Ejecutivo ha pactado con dos de sus socios parlamentarios y que han explicado este viernes la diputada de ERC Pilar Vallugera y el de EH Bildu Oskar Matute se establecerán dos tipos de topes al alquiler en áreas tensionadas dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad.

De esta forma el tope de alquiler para los pequeños propietarios en estas zonas será mediante la indexación a la renta anterior, mientras que para los grandes tenedores se hará mediante la aplicación del índice de contención de precios que esté en vigor cada año.

"Estas medidas contendrán y reducirán los precios de manera efectiva", ha señalado la diputada republicana que también ha explicado que la declaración de zona tensionada pivotará sobre dos condiciones que no tienen por qué cumplirse a la vez.

"Con que se cumpla uno de las dos, ese territorio podrá ser declarado zona de contención de rentas", ha indicado Vallugera que ha destallado que las dos condiciones son: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

La declaración de áreas tensionadas se declarará cuando se cumpla una de las dos condiciones, aunque todo dependerá de cada comunidad autónoma, ya que las competencias en vivienda son de las autonomías y en este sentido la ley deja en manos de cada gobierno la solicitud de área tensionada.

De la misma forma, serán las comunidades autónomas las que tengan las competencias exclusivas de imponer o no sanciones.

ERC y Bildu inciden en que esta ley es una "herramienta" que el Estado pone a disposición de las autonomías para que puedan regular de forma efectiva los alquileres en áreas donde los precios se han disparado, tanto para contratos ya celebrados como para los nuevos.

La diputada de ERC ha incidido en que es cada gobierno autonómico el que debe instar la declaración de zona tensionada y posteriormente será el Ministerio de Transporte el que haga la resolución.

"No se nos ha ocurrido que el Estado pueda unilateralmente intervenir. El Estado no puede hacerlo", ha puntualizado Vallugera mientras el diputado de Bildu ha recordado que la ley "pone a cada uno frente al espejo y medirá la voluntad política de cada gobierno".

"Se verá lo que hace o deja de hacer...me suena que no lejos hay elecciones", ha recalcado Oskar Matute que ha avisado de que -según los parámetros de la nueva ley- todo el País Vasco podría ser declarado área de renta contenida, y "si el PNV decide no hacerlo, lo que hará Bildu será impugnar un Gobierno que pudiendo hacer cosas no las hace".

Por otra parte, la ley contempla que la denominación de zona tensionada pueda prorrogarse en periodos de tres años, incluso revertirse si ha dejado de serlo.

Además la determinación de área tensionada vendrá definida por distritos censales siempre y cuando se den las circunstancias de gasto de renta media destinada a la vivienda o de aumento de los precios en más de tres puntos del IPC.

No obstante, habrá bonificaciones fiscales en el IRPF para los pequeños propietarios que se ven obligados a topar los alquileres con el fin "de que les sea rentable" arrendar el piso, han puntualizado en ERC.

Y aquellos pisos que no han sido alquilados en los últimos cinco años y estén ubicados en áreas tensionadas -sean o no de grandes propietarios- verán topados sus precios según los índices establecidos en cada momento, con el fin de no inflacionar el mercado. Aunque ello volverá a depender de la voluntad de cada Comunidad Autónoma.

rdm-

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